Asambleístas se curan en sano ante reformas por la consulta popular
El proyecto de cambios pasó el primer debate, sin modificaciones sustanciales a lo aprobado en las urnas, según analistas
La dosimetría penal captó la atención de los legisladores en el primer debate del Pleno sobre el informe de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum.
Tiene 24 artículos, la mayoría sobre el incremento de penas y plantea que no se necesita la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio de bienes, que pasarán al Estado.
Adrián Castro, legislador de ADN, dijo que el debate fue productivo porque se recibieron muchas observaciones. Sostuvo que la Asamblea tiene el deber moral de hacer un ejercicio de derecho comparado para aterrizar en una dosimetría penal consecuente con lo que establece el marco jurídico nacional y extranjero.
“Sin enfoque social, no hay norma que valga”, expresó la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Gissela Garzón, al sugerir que se utilice el análisis de la Comisión de Justicia sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Hubo aportes desde la academia, se entendió por qué se deben aumentar ciertas penas y otras no, en el contexto en el que estamos”, expuso. Para la RC, es necesario contar con una sentencia ejecutoriada para la extinción de dominio porque “hay una presunción de inocencia que precautelar”.
Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano (PSC) y presidente de la Comisión Multipartidista que elaboró el informe, dijo que hay casos en los que a las personas que delinquen por delitos graves y han usado armas para quitar la vida, fueron juzgadas solo por el delito de porte de armas de fuego.
Lo importante es velar que no se alivianen las penas, sino que se las juzgue de acuerdo a la infracción más grave que hayan cometido, argumentó. Se determinará la gravedad de un delito según las circunstancias, sin inobservar el pronunciamiento popular ni la ley, anticipó.
Construye planteó la extradición de ecuatorianos y la reforma a la Ley de Extinción de Dominio en la consulta. Para el legislador Jorge Chamba, el proyecto presentado en el Pleno va por buen camino. “Al presidente (Daniel Noboa), le endosamos todo lo que aquí se aprueba y él lo veta, nadie lo entiende. Ojalá no vete lo que él mismo nos envió”, acotó.
Cristian Carpio, analista político, recordó que, a excepción del correísmo, las demás bancadas apoyaron la consulta popular, por lo que era de esperarse que respalden el avance de la aplicabilidad de las reformas y eso se vio en el primer debate.
“El correísmo se cuida en las formas de cómo discute la potencial aprobación de las reformas porque fueron apoyadas por la ciudadanía y una oposición radical le causaría un problema político”, señaló. “La salida fue esa, leves ajustes sobre el incremento de penas. En este primer debate (los legisladores) han querido curarse en sano y avanzar”, añadió.
Dijo que si se aprueban las reformas, los resultados no serán inmediatos, porque el problema de la inseguridad es estructural y requiere componentes sociales.
Maximiliano Donoso, analista político, indicó que siendo coherentes lo mínimo que se espera es que aprueben las reformas, ya que apoyaron la consulta.
Pero avizora que la RC votará en contra porque ajustar las penas afecta directa o indirectamente a sus miembros, como Jorge Glas. Aun así, cree que el proyecto se aprobará.
Hace falta pulir algunos temas en el informe, sugirió. Tomará alrededor de seis meses hasta ver algún resultado de las reformas que se aprueben, “podremos ver resultados tangibles en el próximo mandato, de quien sea”, calculó.
Dosimetría
La dosimetría penal es la proporcionalidad de la pena y la sanción, el equilibrio entre el hecho cometido con la pena.
Cronograma
Segundo informe del proyecto
Vera dijo que la comisión iniciará un segundo proceso para incorporar observaciones de la sociedad civil, de autoridades de Estado y dentro de ese contexto se acogerán las observaciones del Pleno para acondicionarlas al procedimiento, más no para cambiar el pronunciamiento popular.
El plan de trabajo aprobado estableció que hasta el 4 de julio debe estar listo el segundo informe, para segundo y definitivo debate. El papel de la comisión es interceder para canalizar y modular el procedimiento para su aplicación, “el pronunciamiento que se adoptó en la consulta popular lo haremos respetar”, afirmó Vera.
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