Un basurero llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
La estructura fue elaborada para que el entonces partido de gobierno mantenga eternamente el dominio de la justicia
¿Con qué autoridad el Dr. Mario Godoy, fraudulentamente elegido presidente del Consejo de la Judicatura, puede desempeñar su cargo, si fue designado de forma espuria por un basurero denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
En un solo párrafo he dicho lo que demasiados ecuatorianos pensamos sobre esa institución y sus actuaciones. Podría no escribir más y sería suficiente, pero eso lo dejo para la red social X. En este análisis debo presentar un contexto y ofrecer argumentos que lo sustenten.
Lea también: ¿En qué pensaba José Suing cuando postuló a Mario Godoy?
El CPCCS fue creado por la Asamblea Constituyente de Montecristi como parte de una cuarta función del Estado, la de Transparencia y Control Social. La intención fue hacernos creer que mediante supuestas delegaciones ciudadanas, siete ecuatorianos podrían designar, sin influencia de los partidos políticos, a las máximas autoridades de control y justicia del país. Esto es, Fiscal, Contralor, Procurador, Defensor Público, Defensor del Pueblo, superintendentes de bancos, compañías, Tribunal Electoral y por supuesto, a los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes a su vez nombran a todos los jueces del país.
La estructura fue elaborada para que el entonces partido de gobierno, Alianza PAIS (hoy Revolución Ciudadana) mantenga eternamente el dominio de la justicia, de las autoridades de control y hasta del propio gobierno si por algún motivo su partido perdía las elecciones. Una estructura tan bien armada que es casi imposible desbaratarla, a menos que desaparezca el propio CPCCS. El propósito era obvio; garantizar impunidad en los casos de corrupción y utilizar a jueces inmorales para perseguir a sus enemigos.
Cambios en la forma de elección
En 2018, Lenín Moreno pecó de ingenuo cuando en la consulta popular, en lugar de plantear la desaparición del CPCCS, tan solo propuso cambiar la forma de designar a sus miembros. Pensó que con entregarle al pueblo la capacidad de elegirlos, los partidos quedarían al margen. Craso error porque de todas formas metieron sus pezuñas en la elección y los consejeros responden a los partidos con los que incluso hicieron campaña.
En 2019, mientras se definía el cambio en la forma de elegir consejeros, se integró un Consejo de Participación transitorio con personas responsables que alcanzaron a designar a algunas autoridades, entre ellas a la fiscal Diana Salazar, quien deberá ser reemplazada aproximadamente en un año, por un fiscal elegido por los actuales miembros del basurero.
El despropósito ocurrido esta semana no tiene argumentación jurídica, política, ética ni moral que pueda sostenerlo. Haber designado presidenta del Consejo de la Judicatura a la Dra. Dunia Martínez y a las pocas horas instalar otra sesión para reconsiderar la votación incluyendo a uno de los consejeros que no había participado en la votación, para elegir al Dr. Godoy, solo demuestra el nivel de podredumbre al que ha llegado el Consejo de Participación Ciudadana.
Reconsideración de la votación
En la práctica parlamentaria ha ocurrido que una persona que ha faltado a una votación pueda participar en la reconsideración de aquella votación, pero eso ha sucedido por excepción única y exclusivamente cuando la falta ha sido involuntaria o por fuerza mayor. En este caso, el consejero Augusto Verduga solicitó licencia con anticipación y conociendo que se iba a dar esa votación. Es decir, no es procedente que intencionalmente falte a la votación y luego suspenda su licencia para participar en la reconsideración de esa votación a la que faltó. Una total falta de escrúpulos.
Sin embargo, su proceder no debe causar asombro. Sus orígenes políticos son claros y está comprometido. Sorprende las votaciones de la consejera Johanna Verdezoto y el consejero Juan Esteban Guarderas. Desde que llegaron al CPCCS estuvieron alineados en contra del correísmo y han mostrado cercanía con los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. ¿Qué los hizo cambiar de línea y permitir la designación de alguien que responde a la Revolución Ciudadana? Solo sus conciencias lo saben.
Si el Dr. Mario Godoy es posesionado por la Asamblea Nacional podrá formar una mayoría en el Consejo de la Judicatura con el vocal que salga de la terna que enviará el recientemente elegido, también de forma polémica, defensor público, Ricardo Morales. Con esta mayoría, los problemas de Rafael Correa, Jorge Glas y otros, quedarán resueltos, pues seguramente nuevos jueces se iluminarán por gracia divina y descubrirán que son inocentes. Aquellos que lo permitieron lo lamentarán por siempre y el país pagará las consecuencias.
El ciudadano de a pie no está interesado en estos temas y no le preocupa quiénes ocupan esos cargos. No obstante, debería preocuparse porque estas personas fraudulentamente elegidas son las que van a designar jueces que muy posiblemente dejarán en libertad a delincuentes que llegarán a sus barrios y ciudadelas a vender droga o a cometer todo tipo de crímenes, si se trata de delitos comunes. O, por dinero dejarán en libertad a delincuentes de cuello blanco que saquearon el país robándose cientos de millones de dólares y que hoy lo padecemos por la ausencia de atención médica y medicinas; en la falta de obra pública, en el desempleo y en el costo de la vida.
Si queremos una justicia que no esté amarrada a los dueños de los partidos políticos debemos empezar por desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y echar abajo todas sus recientes designaciones. Votaré por quien lo proponga.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
