Cabezas sobre alimentación escolar: “Hay un delito de delincuencia organizada”
Joffre Campaña, abogado de Lafattoria, dijo que la proveedora era una piedra en el zapato para intereses económicos
La Comisión de Garantías Constitucionales recibió este 19 de junio de 2024 en comisión general a una familiar de una persona privada de la libertad y a representantes de la empresa privada Lafattoria.
Gisella Mendoza denunció que en mayo los militares golpearon a su esposo, privado de su libertad. Mostró imágenes y señaló que dejaron marcas en su cuerpo y que le “quebraron una mano”. Ante la Comisión dijo que contaba con los documentos para obtener su prelibertad, pero que no se ha podido cumplir con ese derecho.
Joffre Campaña explicó la situación de Lafattoria, en calidad de abogado de Aracely Pincay, gerente general de esa empresa privada, que hasta mayo ofrecía el servicio de alimentación en varias cárceles del país. Para esto, Campaña hizo alusión a la presunta vinculación de familiares del presidente Daniel Noboa como accionistas de compañías en torno a la contratación de ESPE-Innovativa para ser proveedora de la alimentación escolar.
“Aquí hay un delito de delincuencia organizada, preocupa que ante hechos que son públicos, aún la Fiscalía no haya tomado acciones porque esto es muy grave”, señaló Paola Cabezas, presidenta de la mesa legislativa tras escuchar la exposición Campaña.
El jurista dijo en su exposición que existe un convenio entre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y la Corporación de Pequeños Ganaderos (Corganpecsa) desde el 7 de febrero de 2018.
Señaló que al tiempo de ese convenio, uno de los accionista fue la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño. Esta a su vez tenía entre sus accionistas a Agroindustrias San Esteban, en esta empresa está como accionista la tía del presidente de la República, Isabel Noboa, cuestionó.
Detalló en un mapa que hay más empresas relacionadas a El Ordeño, en donde serían accionistas la tía del mandatario y sus primos. Estas compañías llevan directa o indirectamente a dos grupos: El Ordeño y la familia del presidente (Daniel Noboa), dijo el abogado.
“Esto es grave porque esta (El Ordeño) es la compañía que le compraba a la empresa de la esposa de alias Fito, Queenwater”, criticó Campaña al justificar que Lafattoria no tuvo relación con la delincuencia organizada.
En ese contexto, el jurista aseguró que tras la noticia criminis presentada por el Gobierno, Lafattoria acudió a la Fiscalía a solicitar que se investigue y que hasta la fecha no ha encontrado “absolutamente nada”. Cree que por este caso, los presos son un daño colateral por la falta de alimentación.
Además, denunció que en 2023 tres empresas de alimentos enviaron una carta a la exministra de Educación, María Brown, porque estaban interesadas en ofrecer el servicio del desayuno escolar en el que se incluya el puré. A eso se debe que Lafattoria quedó suspendida en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), según Campaña.
Se adjudicó el contrato a la empresa pública ESPE-Innovativa por 11 millones, indicó. Esta empresa entregó productos elaborados por El Ordeño, cuestionó.
Las legisladoras del correísmo Patricia Mendoza y Jhajaira Urresta calificaron a la denuncia como un hecho bochornoso y escandaloso.
“No vamos a permitir eso”, dijo Urresta al indicar que el 4 de julio habrá manifestaciones por diversos motivos, al que a su criterio se debe sumar la exigencia de saber a dónde se destinaron los recursos que se debían pagar a Lafattoria, cerca de 30 millones de dólares por el servicio de alimentación en las cárceles.
“Tenemos al Estado matando a las personas privadas de libertad, pero los GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) nos están matando en las calles”, dijo Cabezas al considerar que en lo denunciado por Campaña, alrededor del contrato para la alimentación escolar, habría un presunto delito. La Fiscalía debería investigar de oficio, sugirió.
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