Cárcel de Santa Elena: hace falta actualizar la política de rehabilitación social

El Gobierno de Daniel Noboa anunció el 21 de junio el inicio de la construcción del nuevo Centro de Privación de Libertad (CPL) de Santa Elena. 

Se trata de una cárcel de máxima seguridad diseñada para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos, que estarán monitoreados con inteligencia artificial. Esta cárcel “pondrá fin a la impunidad, al desorden carcelario”, según el mandatario.

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Luis Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), dijo ese día: “Adoptamos un enfoque integral. Estamos comprometidos en fomentar la rehabilitación de aquellos que buscan transformar sus vidas”.

“Quiere hacer una cárcel cuando no hay medicinas ni comida en los centros. No salen rehabilitados, salen enfermos o muertos”, reclamó Wendy Camacho, familiar de una persona privada de libertad. 

Junto a otros familiares denunció el miércoles que los internos son torturados por los militares en las cárceles. 

Para el ciudadano Luis Guerrero, está bien que se construya una cárcel, pero debe ser segura para que los detenidos no escapen. Pero “todo es pantomima, mejor se debería construir más universidades para que no haya más delincuencia”, lamentó.

Andrea Aguirre, vocera del colectivo Mujeres de Frente, considera que construir una cárcel es parte de una política de populismo penal e implica seguir con una producción de delincuencia y de bases sicariales. No hay una rehabilitación con tortura porque eso genera odio, el Gobierno no está luchando contra el crimen organizado, lo está produciendo dentro y fuera del Estado, cuestionó.

Mario Carrillo, experto en seguridad, dirigió el CPL de Cotopaxi desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020 y fue subdirector general del SNAI de agosto a diciembre de 2023. Dijo que la infraestructura de una nueva cárcel es importante, pero hizo observaciones. 

“No se visualiza nada sobre los ejes de tratamiento, son la parte medular para la rehabilitación social”, señalando que el Gobierno debe trabajar en los procesos de gestión que estarán a cargo del talento humano, no de la inteligencia artificial. “Es donde siempre se ha fallado”. Justificó que durante su gestión no hubo muertes violentas en el CPL que dirigió: “Eso es cuando hay prevención”.

Como funcionario, presentó un proyecto para que el SNAI sea un ministerio, evidenció una disputa con el Ministerio de la Mujer por la presidencia del organismo técnico encargado de la rehabilitación social, que involucra a varias entidades. Pero el proyecto no se ha aplicado. El SNAI tampoco tenía una planificación estratégica, “ha sido descuidado desde su creación”.

Para Hernán Moreano, analista en seguridad, el Gobierno primero debe transparentar el sitio exacto donde construirá la cárcel, por las reacciones de los habitantes de la comuna Juntas del Pacífico, en la localidad Bajada de Chanduy, que buscan detener el proyecto.

Sugirió un diálogo con sectores de la sociedad civil para construir estrategias de rehabilitación social. “De nada me sirve construir una nueva cárcel cuando no hay un modelo de rehabilitación social que evite la reincidencia del delito”, advirtió. Hará falta mayor capacitación para guías penitenciarios y un mejor salario para que no caigan en la corrupción, sino la nueva cárcel solo evitará el hacinamiento, resumió.

El detalle

Noboa. Bautizó al proyecto como ‘Cárcel del Encuentro‘. Tendrá cinco pabellones, capacidad para 800 presos y su inversión es de más de $ 50 millones.

Voces

“Hacer más grande el sistema penitenciario implica embodegar gente. El Estado demuestra que no le interesa la rehabilitación social, no se puede rehabilitar con tortura”¨, Andrea Aguirre, vocera de Mujeres de Frente.

“La infraestructura es importante, pero no es todo. Debe estar acompañado de procesos, gestionando el SNAI. Dar esta responsabilidad a un Servicio es complicado”, Mario Carrillo, experto en seguridad.

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