El caso Ligados sacude la Asamblea Nacional
ADN insiste en un proceso de fiscalización, mientras que el correísmo optó por no pronunciarse sobre este tema
El caso Ligados ha generado un fuerte remezón en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo apuesta por no dejar pasar el tema, el correísmo ha optado por evitar pronunciamientos sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía General.
La Fiscalía acusó a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Agusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como a la actual vocal Nicole Bonifaz, por presunta asociación ilícita. La investigación se inició tras una denuncia presentada por el actual superintendente de Bancos Roberto Romero .
El correísmo quedó salpicado luego de que se revelaran conversaciones extraídas del teléfono celular de Verduga, incautado durante un allanamiento al edificio del Cpccs en Quito, en enero pasado.
Proceso de fiscalización en la Asamblea
Este 18 de marzo, el bloque de ADN se pronunció sobre el caso y confirmó que el 19 de marzo de 2025 se iniciará un proceso de fiscalización en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.
"Hemos evidenciado cómo este plan de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para poder meterle la mano a la justicia, poniendo a sus ternas en las vocalías del Consejo de la Judicatura. Nuevamente, una institución que en teoría debería ser independiente, vemos cómo responde a los líderes de la Revolución Ciudadana", señaló Centeno.
El silencio del correísmo
A diferencia de la semana pasada, cuando el correísmo se mostró activo en debates sobre la adjudicación del campo Sacha y la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas, este 18 de marzo sus legisladores prefirieron no pronunciarse sobre el caso Ligados.
La expectativa giraba en torno a su reacción ante la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, el único en referirse al tema fue Franklin Samaniego, quien el 17 de marzo aseguró que la denuncia surgió en plena campaña electoral. Además, cuestionó la rapidez con la que la Fiscalía ha avanzado en este proceso.
Los chats y su impacto en la Asamblea
Los chats revelados por la Fiscalía evidencian una presunta intención de coordinar acciones entre los exvocales del Cpccs y la Asamblea, especialmente en lo relacionado con la posesión del superintendente de Bancos, Roberto Romero.
En las conversaciones se observa cómo se solicitaban cargos a cambio de apoyo en el Legislativo para la designación de Raúl González. La exmayoría del Cpccs, conformada por los ahora investigados, intentó insistir en el nombramiento de González, a pesar de que este fue anulado por recursos legales en su contra. No obstante, basaron su argumentación en una sentencia de la Corte Constitucional que favoreció a González, aunque esta no ordenaba expresamente su designación.
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