Caso Plaga: Fiscalía allanó las oficinas de tres jueces en Santo Domingo
El Ministerio Público realizó un operativo la noche de este viernes 12 de julio en las dependencias judiciales
La noche de este viernes 12 de julio, la Fiscalía General del Estado desarrolló un operativo en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo dentro de las investigaciones en el caso Plaga, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada en el sistema judicial.
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Los agentes del Ministerio Público allanaron las oficinas de los jueces Patricio Calderón, Jorge Montero y Galo Luzuriaga, quienes son procesados en este caso por supuestamente favorecer a personas de alta peligrosidad para que recuperen su libertad a través de "argucias legales y abuso del derecho".
La Fiscalía indicó que en los operativos se recogieron indicios como equipos tecnológicos y documentación. La información que se genere de las pericias de estos elementos aportarán a la investigación en curso, señaló la institución.
#AHORA | #CasoPlaga: como parte de las diligencias investigativas por presunta #delincuenciaorganizada, #FiscalíaEc allana las oficinas de Patricio C. y Jorge M. (jueces procesados en esta causa), ubicadas en la Corte Provincial de Justicia de #SantoDomingoDeLosTsáchilas. pic.twitter.com/dHAN59zdEk
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 13, 2024
Según la Fiscalía, quien lideraba esta red de delincuencia organizada era el abogado Christian Romero, supuestamente encargado de direccionar, planificar y coordinar estrategias para liberar a personas privadas de libertad a cambio de favores o dinero.
Jueces cobraban dinero para la liberación de personas de alta peligrosidad
El Ministerio Público señaló que el juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Jorge Montero, habría colaborado con la red criminal al haber aceptado una acción de habeas corpus para favorecer a una persona procesada por el delito de tráfico de migrantes. A cambio, el magistrado habría recibido 60.000 dólares, gestionado por Romero.
Los jueces Patricio Calderón y Galo Luzuriaga también fueron señalados en la misma acción por la que se involucra a Montero, al formar parte del tribunal que resolvió el habeas corpus para el individuo procesado por tráfico de migrantes, por un monto de 60.000 dólares.
Dentro del caso Plaga hay 31 personas vinculadas, entre jueces, servidores policiales, funcionarios judiciales, abogados, integrantes del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), señalados de integrar una red que gestionaba la libertad de reos en forma ilegítima, aunque aparentaban legalidad.
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