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La audiencia de juicio continuará el viernes 12 de junio con los testimonios de los cinco procesados.API

Caso Villavicencio: vacíos de la investigación inquietan en la audiencia de juicio

El crimen del excandidato presidencial se trata como un caso de delincuencia común. Fiscalía no abordó los riesgos

En los siete días de juicio por la autoría material del crimen de Fernando Villavicencio, hubo preguntas que quedaron en el aire: ¿Quién fue Villavicencio? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál era su nivel de riesgo? ¿Qué amenazas había recibido?

Si bien la fiscal Ana Hidalgo presentó más de 40 testigos, aunque inicialmente había anunciado 200, y logró que el tribunal acepte 23 pruebas documentales de las 42 que presentó, no ahondó sobre el entorno del candidato a la Presidencia, sus actividades como asambleístas en la Comisión de Fiscalización, sobre su nivel de riesgo y su nivel de protección.

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En los primeros siete días de juicio se trató el caso como si fuera un asesinato común, sin ahondar en los aspectos políticos ni económicos.

Riesgos de Villavicencio

Únicamente el antiguo jefe de seguridad de Villavicencio, el capitán Cristian Cevallos, miembro de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía, trató de responder algunas de estas preguntas. 

Dijo que pese al gran riesgo del excandidato hizo un “sinnúmero de requerimientos” a sus superiores para reforzar la protección del entonces candidato.

Solicitó armas largas para la cápsula de seguridad de Villavicencio, vehículos, equipos de comunicación, motos, chalecos, cascos, etc. La última vez que pidió las armas fue el 17 de mayo de 2023, el día de la muerte cruzada. Pero la respuesta afirmativa llegó el 10 de agosto, un día después del asesinato del candidato, en una balacera a su salida de un mitin, en Quito.

Días antes de su asesinato, Villavicencio había presentado en la Fiscalía una denuncia contra “narcopolíticos”. Los identificaba con nombre y apellido; eran candidatos que, a criterio del candidato, habían recibido recursos del narcotráfico o tenían vínculos familiares o empresariales. Hasta una fotografía del esposo de una candidata a la alcaldía de San Lorenzo, con una maleta llena de fajos de dinero, presentó en su denuncia.

En el juicio no se tocó nada de esto. Tampoco se hizo un análisis sobre todos los intentos que trataron de matarlo durante la campaña electoral.

La fiscal Hidalgo presentó el testimonio de un testigo protegido que dijo que hubo otro intento para acabar con la vida del candidato y que falló. Ese intento se realizó en Santo Domingo. Luego habló de qué “por la cabeza” de Villavicencio se ofrecían 200.000 dólares y beneficios delincuenciales como plazas para delinquir o vender droga en una zona de Quito.

En el juicio solo se presentó un informe económico de Laura Castillo, acusada de encargarse de la logística, pero no se analizó la presencia de delincuencia organizada en la capital ni cómo funciona internamente las bandas, como Los Lobos.

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¿Y el FBI?

La Fiscalía, sin respuestas. Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio, dijo que la Fiscalía ha hecho una investigación “muy pobre y llena de cabos sueltos”.

“Nos hizo creer que el FBI ayudaba en la investigación, cuando no hay tal”. También señaló que la fiscal Diana Salazar ha hablado de un plan para matar a Villavicencio y a ella, por un millón de dólares, y que supuestamente involucra a Fabricio Colón Pico, pero no ha presentado evidencias de nada en el caso.

La Fiscalía indica que tiene tres investigaciones abiertas sobre el crimen de Fernando Villavicencio.

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