Correísmo promoverá juicio político contra ministro de Finanzas; ADN reacciona

Patricio Chávez, legislador de la Revolución Ciudadana (RC) y presidente de la Comisión de Transparencia, expuso este 30 de julio de 2024 las conclusiones del informe de fiscalización sobre el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Chávez manifestó, con base al informe, que el acuerdo con el FMI es ilegítimo y que la responsabilidad recae sobre el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, por lo que se sugerirá un juicio político en su contra por incumplimiento de funciones. Pero antes, el informe debe ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional.

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ADN señala un pacto

Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, habló de un supuesto pacto entre otras dos bancadas.  Dijo que la posición es "rechazar el pacto por la impunidad entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana que votaron en conjunto en la Comisión de Participación Ciudadana para recomendar el juicio político a nuestros ministros".

Bajo ese contexto, criticó que hay una persecución a los funcionarios del Ejecutivo, debido a que hay dos pedidos de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la sustanciación del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld.

Conclusiones del informe sobre el acuerdo con el FMI

El legislador correísta explicó a la prensa que en el informe se determinó que el organismo internacional “es un organismo contradictorio” porque forma parte de las Naciones Unidas pero “violenta los derechos de los pueblos”.

Dijo que el préstamo concedido al Estado ecuatoriano no tiene como finalidad financiar el gasto social o invertir en desarrollo, sino que es para pagar la deuda generada con el mismo FMI.

El 29,7 % del monto que equivale a 2761 millones de dólares corresponden a la deuda con el FMI y el resto sería un crédito destinado a pagar a otros acreedores del estado, señaló.

El Gobierno ecuatoriano incumplió con lo determinado en la Constitución, relacionado a las condiciones para el endeudamiento público, añadió. El requisito es que si el Estado decide endeudarse, esta deuda pública que contraiga no debe afectar a la soberanía del país, pero “hemos evidenciado en el punto 6 de esta carta (de intención) con el FMI, que el Ecuador se obliga a consultar su política económica para tomar cualquier decisión, lo que evidentemente está fracturando la soberanía económica del Estado”, argumentó Chávez.

En conclusión, el Gobierno ecuatoriano incumplió las condiciones para el endeudamiento, apuntó.

Respecto al cobro del FMI a Ecuador, señaló que hay recargos que resultan injustificables, “aplica condiciones abusivas para la concesión de préstamos”. Ecuador tendrá un 42,8 % de recargos y sobretasas, siendo el país más endeudado después de Argentina y Egipto, refirió.

Supuestos incumplimientos de ministro de Finanzas

El FMI cobra por un préstamo que se constituye una “usura internacional”, según Chávez. La responsabilidad recae sobre Vega al inobservar el mandato constitucional de requerir la autorización de la Asamblea Nacional para la firma del acuerdo, según el legislador.

Hay evidente incumplimiento de funciones de Vega, se recomienda que se declare al acuerdo con el FMI como ilegítimo y que se inicie un juicio político en contra de Vega.

La Comisión entregará el informe al presidente de la Asamblea para que lo ponga en conocimiento de los demás legisladores y se debata en el Pleno. Luego, si hay recomendaciones el informe regresa a la mesa legislativa y después se plantearía el juicio político.

Vicente Taiano, jefe de bancada del Partido Social Cristiano, considera que las condiciones en las que se llegó al acuerdo con el FMI fueron inconvenientes. “Se habla ya de una nueva reforma tributaria que va a complicar la economía del país”.

Sin embargo, precisó que la Asamblea no tiene la capacidad para autorizar o no la decisión del Ejecutivo sobre el acuerdo. 

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