Comisión inició tratamiento del proyecto de ley para la consulta, libre e informada

La Comisión de Garantías Constitucionales sesionó este 3 de julio de 2024 para avocar conocimiento de dos proyectos de ley a analizar.

El primero es sobre a la consulta previa, libre e informada, presentada por el legislador socialcristiano Henry Kronfle. y el segundo para la aplicación de las consultas populares, propuesta por su coidearia Sofía Sánchez.

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Kronfle argumentó que la necesidad de su proyecto de ley se concentra en regular la consulta libre, previa e informada porque es un derecho constitucional para salvaguardar el entorno de las comunidades.

Dijo que para el país constituye un desafío el regular este derecho constitucional frente a proyectos que perjudiquen directamente su entorno.

Objeto del proyecto de consulta previa

El objeto de esta consulta previa debe ser el alcanzar el desarrollo de los pueblos y las comunidades en su legítima aspiración de vivir en armonía con sus territorios, sostuvo. Además, debe asegurar un proceso participativo para prevenir conflictos, añadió al recordar que hay antecedentes como el caso Sarayacu.

Frente a la explotación de recursos por decisiones estatales, que puedan afectar al ambiente, deben ser consultadas las comunidades previamente y para eso se debe contar con una ley que regule esa consulta, puntualizó.

Adrián Castro, vicepresidente de la Comisión, destacó la iniciativa pero refirió que la normativa es una deuda de hace 16 años que involucra a varios Gobiernos desde el 2008 hasta el actual.

Dijo que es grave que las consultas terminen siendo una suerte de un comunicado o una socialización con las personas afectadas dentro de comunidades. Reconoció que los proyectos de minería dan problemas por no ser consultados a las comunidades.

Sin embargo, la legisladora del correísmo Jhajaira Urresta respondió que la minería ilegal está siendo vinculada en las comunidades de manera profunda, sin proceso de consulta, desde el 2018. “Estamos hablando de los dos últimos años, que no corresponde a los 16 años que acaba de mencionar”, sostuvo al señalar que se trata de datos del Ministerio del Ambiente.

Por su parte, Sánchez dijo que no existen procedimientos de aplicabilidad para las consultas populares. Cuestionó que la ejecución está a discreción del Ejecutivo de turno. “Este proyecto norma las consecuencias y sanciones al incumplimiento de lo determinado por el pueblo, también reglamenta el cómo se le dará cumplimiento”, agregó.

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