Una comisión para lavarse la cara

El episodio protagonizado esta semana por la asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en la Asamblea Nacional, puso a la comisión ocasional que supuestamente investiga el asesinato de Fernando Villavicencio en el mapa de la opinión pública. La correísta despachó, con el desparpajo que la caracteriza, una serie de acusaciones veladas, sinuosas y gravísimas contra la ministra, que asistía a una sesión en calidad de informante: dijo Palacios que Palencia estaba encubriendo a las bandas criminales. Tal cual. Como si nada. Dijo que la ministra de Gobierno (¿se paró por un momento a meditar en la enormidad de lo que estaba supuestamente denunciando?) era cómplice de las mafias, particularmente de aquellas que asesinaron a Fernando Villavicencio. Por supuesto, no presentó prueba alguna. Lo dijo nomás. Por la jeta. No es la primera vez que Mónica Palacios se conduce de tal modo. Es su estilo: ella dice cualquier barbaridad de lo más gruesa y no se hace responsable. En esta ocasión se topó con la intemperancia de Mónica Palencia, que buscaba cualquier pretexto para salir corriendo de ahí. Y lo encontró. El resultado fue un escándalo que saltó a los titulares de todos los medios. Y que recordó a la opinión pública la existencia de una comisión parlamentaria supuestamente encargada de investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Una comisión que lleva semanas trabajando y lo está haciendo muy mal.

Todo en esta comisión parece ser un error, desde su misma fundación. Propuesta electoral de Construye, el partido huérfano de Fernando Villavicencio, como una suerte de reivindicación de la figura de su líder, la idea de instalar una mesa parlamentaria para investigar el magnicidio se convirtió, una vez instalada la nueva legislatura, en una obligación ineludible dictada por las conveniencias de la corrección política. Incluso el correísmo, que tanto odió al asesinado candidato, consintió en apoyarla. La nueva mayoría de la alianza tripartita integrada por oficialistas, socialcristianos y correístas se cuidó de integrarla de la manera más inocua: una desconocida asambleísta de Construye, para presidirla; alguien de Gente Buena, para recoger a la disidencia del grupo original que apoyó a Villavicencio; una correísta, un socialcristiano, un militante de Avanza, otra de Pachakutik, hasta uno del movimiento Mover (la prematuramente envejecida Alianza PAIS, de Lenín Moreno) para garantizar que nadie tenga mayoría clara y, llegado el momento, resulte una comisión fácilmente manipulable.

¿Una comisión para qué? Inicialmente, para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero el asesinato de Fernando Villavicencio ya está siendo investigado por la Fiscalía. ¿Cuánto puede aportar una comisión ocasional parlamentaria que no dispone de las herramientas, ni los recursos, ni el personal especializado, ni el tiempo suficiente para solucionar un problema tan complejo? La respuesta es clara y simple: nada. Nada en absoluto. No se encontrará aquí ninguna información que la Fiscalía no haya encontrado antes y mejor.

De esto hay, al menos, un antecedente claro: la comisión ocasional que se constituyó en la legislatura pasada para investigar el femicidio de María Belén Bernal, crimen cometido en un recinto policial por un miembro de la Policía, tampoco aportó con un solo dato a la investigación fiscal, pero sí logró que el asunto se convirtiera en un tema político, del cual sacaron rédito los correístas y sus grupos afines. Pues lo mismo con esta comisión: nada que la Fiscalía no sepa ya, pero sí mucha bulla política para el escandalete público.

Que nuestro objetivo no es el mismo de la Fiscalía, se ha pasado insistiendo toda esta semana el vicepresidente de la Comisión, Adrián Castro, de Avanza. Aquí no se trata de esclarecer el asesinato, dice: “Investigamos acciones y omisiones de las autoridades públicas que pusieron en riesgo la vida de Fernando Villavicencio”. Se refiere a aquellos aspectos relacionados con la seguridad del candidato que están en duda: si funcionaron los cercos de seguridad, si hubo problemas con el vehículo blindado, si Inteligencia omitió algún protocolo, etc. A partir de estas dudas, los correístas buscan establecer lo que llaman “responsabilidades políticas del asesinato”. Apuntan a la Policía y a los operadores políticos del gobierno de Lasso que trataron de perjudicarlos en las elecciones. Porque, como dijo en la sesión del miércoles Mónica Salazar, integrante correísta de la comisión, “con esa muerte alguien perdió un esposo, alguien perdió un padre, alguien perdió un amigo y nosotros perdimos las elecciones”.

¿Quiénes son las víctimas? Los correístas: todo fue un complot para que su candidata a la Presidencia, Luisa González, perdiera las elecciones. ¿Quiénes son los culpables? La Policía y sus responsables políticos en el gobierno de Guillermo Lasso. Esa es la versión que tratan de posicionar los asambleístas de la Revolución Ciudadana que asisten, en calidad de refuerzos, a las sesiones de la comisión, con Mónica Palacios y Jhajaira Urresta a la cabeza. La última estrategia consiste en poner en duda el más evidente de los hechos: que el asesinato de Fernando Villavicencio fue un crimen político. ¿Lo fue?, preguntan al exministro del Interior, al director de Inteligencia y al comandante de la Policía, como tratando de pescar a río revuelto. ¿Tienen los familiares de Fernando Villavicencio “la experticia”, así dice la integrante correísta de la Comisión, Mónica Salazar, para determinar eso?

En medio de todo este proceso, una gran cantidad de información reservada ha empezado a transferirse a la comisión. El asesinato de Fernando Villavicencio es un caso que se encuentra en indagación previa, razón por la cual la información que maneja Fiscalía es reservada. Pues bien: la Asamblea tiene la potestad de solicitar esa información reservada por escrito (aunque la comisión se ha negado a declarar reservadas las sesiones) para sus propios fines. De modo que los correístas, que según los hallazgos del caso Metástasis son los operadores políticos del mafioso Leandro Norero, uno de los principales sospechosos del asesinato, pueden acceder sin problemas, a través de sus legisladores, al desarrollo de las investigaciones fiscales sobre el asesinato de su peor enemigo. El vicepresidente de la comisión, Adrián Castro, al parecer con buena voluntad, no para de solicitar información reservada a las autoridades comparecientes. Información reservada sobre la acción de la Policía, sobre el trabajo de Inteligencia, sobre el papel de los jueces... ¿Sirve esta comisión ocasional de la Asamblea Nacional para hacer justicia o todo lo contrario?