Conaie: una realidad no tan precaria

Algo más que un tractorcito tienen todos. Empresas, numerosas propiedades y vehículos evidencian que la realidad financiera de los dirigentes indígenas y de los gremios laborales, que auparon el reciente paro nacional, no es la que se aprecia a simple vista. Su próspera situación económica contrasta con el desamparo de sus comunidades. La mayoría de los líderes políticos de la Sierra y la Amazonía viven con holgura.

Este es el caso del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, quien antes de asumir este cargo público presidió la Confederación de Pueblos de las Nacionalidades Kichwas el Ecuador (Ecuarunari). Según el registro de la propiedad de Cuenca, es dueño de dos inmuebles en el norte y centro de la cotizada capital azuaya. Los predios están valorados en un total de $ 120.000.

Así mismo, Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe, y uno de los principales líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cuenta con propiedades en su ciudad natal, entre ellas una empresa de lácteos, y una casa en Quito en la avenida Upano, descrita por moradores del barrio como Edwin Flores, como un sector “de clase media con aspiraciones”.

Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik, es accionista de tres compañías aéreas en Pastaza, dos de ellas en proceso de liquidación. La que se encuentra activa, Aero Sarayaku, cuenta con un capital inicial de $ 24.000.

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), fue accionista del Servicio Aéreo Achuar, compañía que se inició con un monto de $ 16.000.

Severino Sharupi, dirigente de las juventudes de la Conaie, es propietario del 75 % de los amplios terrenos del centro turístico shuar El Consuelo, en Pastaza. Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, cuenta con una vivienda registrada en Latacunga, a la altura del parque Flores de esa ciudad. Luis Aguavil, gobernador de la etnia Tsáchila, tenía a su nombre una empresa exportadora de alimentos.

Curiosamente, el bienestar económico de los líderes y sindicalistas que protagonizaron el paro no se traduce al pago de impuestos. De los doce dirigentes analizados por este Diario, solo Salvador Quishpe ha cumplido puntualmente con el sistema tributario. No sobrepasan, entre todos, los $1.000 en impuestos cancelados a lo largo de una década, según la información registrada en el Servicio de Rentas Internas.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, por ejemplo, ha cancelado solo $ 42 entre el 2009 y el 2019, pese a laborar como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Morona Santiago durante el último gobierno. Otros, como Carlos Sucuzahñay, suplente de la asambleísta Encarnación Duchi, no registran pago alguno desde 2007.

Con el sentimiento arraigado

Para Manuela Sillagana, desde hace más de 30 años que se dio el primer levantamiento indígena, las cosas sí han cambiado, pero sus necesidades siguen presentes. “Hemos logrado mayor acceso a la educación, a la salud y a otras cosas, pero esto solo en pequeños porcentajes, todavía somos un pueblo oprimido”, dice mientras trabaja su parcela en la zona alta de Quisapincha, la parroquia más antigua de Ambato.

Alfredo Ushca, oriundo de Calpi, asegura que con el levantamiento indígena de octubre nuevamente revivió el racismo que está latente entre la comunidad. “Aquí somos llamados como indios y muchas cosas más, pero no saben que en nuestras comunidades trabajamos a diario para abastecer a los mercados. No es justo que no tengamos cosas básicas como escuelas y centros de salud a los que no tengamos que llegar pagando precios altos o caminando largas distancias”, dice.

Mingas y autogestión para ayudarse

El frío estremecedor, los difíciles accesos y en ocasiones la falta de recursos, no impiden a los comuneros de Palopo Central, parroquia Ignacio Flores, del cantón Latacunga, levantarse temprano para arar la tierra, remendar sus ponchos y sacar los productos que cosechan. Ángel María Bruncano detalla que cada día es una lucha constante por salir adelante y que para ellos trabajar es lo único que tienen en mente. Diariamente ordeña sus vacas y saca leche mientras su siembra de papas madura para poder cosecharlas.

Rodrigo de la Cruz, presidente de una organización social de segundo grado, que agrupa a 10 barrios, explica que gestionan el asfaltado hasta sus comunas, ya que es una verdadera calamidad transitar. Sin embargo, indica que existen otras comunas que aún no les llega ninguna obra, por lo que diariamente sacar sus productos es todo un suplicio.

El campesino dice que a lo largo de los años les ha tocado subsistir con mingas, y con recursos que ellos mismos generan, por lo que cree importante tener la ayuda en servicios básicos y así poder prosperar.

Han avanzado, pero aún falta más

La comunidad El Corazón, del cantón Riobamba, es eminentemente agrícola. Cultivan frutilla, lechuga, zanahoria y brócoli. Su gente se traslada en camionetas. Los pueblos asentados en la parte de los páramos han variado su forma de vida. Algunas comunidades a más de la agricultura y ganadería le han apostado al turismo comunitario.

La gran mayoría ha dejado de usar animales para labores de labranza y movilización y se ha adaptado a la maquinaria agrícola, así como al uso de motocicletas para su transporte. “Ya no son los mismos tiempos, ahora los indígenas se desenvuelven en todos los campos, ya no son los borreguitos, y entienden muy bien las afectaciones que podría tener su economía, que depende de muchas variables, la falta de riego tecnificado, impulso de industrialización de sus productos, falta de valoración de su trabajo, falta de acceso a estudios universitarios”, explica Micaela Lema, de la comunidad Puesetuz Grande.

Para ellos, la Conaie no es la que da obras, sino la que vela porque el Gobierno cumpla con las políticas para el buen vivir.