Conceden los recursos de apelación interpuestos por consejeros de la Liga Azul

Tras ser sancionados con la destitución por haber incurrido en una infracción electoral muy grave, el pasado 3 de septiembre, los cuatro consejeros de Participación Ciudadana y Control Social que integran la denominada Liga Azul presentaron un recurso de apelación a dicha sentencia.

Este lunes 16 de septiembre, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, quien había emitido la sentencia en primera instancia, concedió el recurso de apelación interpuesta por los defensores de los consejeros principales Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como de los vocales suplentes, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga.

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Muñoz también dispuso remitir el expediente íntegro a la Secretaría General del Tribunal, para que se desarrolle el sorteo respectivo y así designar a un juez sustanciador que presente un informe sobre el caso ante el Pleno del órgano electoral.

Santiago Becdach, uno de los denunciantes de los consejeros, reaccionó a los pedidos de apelación. "No esperaba un acto de decencia y que se allanen a la sentencia aceptando la trampa. Siendo así, informo que he sido notificado con el auto que concede la apelación a los denunciados de la #LigaAzul estaré atento a la conformación del tribunal", publicó en su cuenta de X.

¿De qué se acusa a los cuatro consejeros del CPCCS?

Los cuatro consejeros fueron sancionados por infracción electoral muy grave al haber recibido apoyo partidista, en este caso del movimiento Revolución Ciudadana, en la denominada Liga Azul.

El 3 de septiembre, el juez electoral Fernando Muñoz aceptó la denuncia presentada por los excandidatos a consejeros del CPCCS, Santiago Becdach y Pamela Troya, así como de la abogada Mónica Jaramillo, en contra de Verduga, Saltos, Franco y Párraga.

Para determinar la sanción, Muñoz se basó en el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia y en concordancia con el tercer artículo innumerado posterior al 35 en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Para Verduga y Saltos, al ser consejeros principales, se dispuso la destitución del cargo, una multa que asciende a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.

Mientras que para Párraga y Franco, vocales suplentes, el juez determinó la exclusión de la lista de dignidades en el CPCCS, además de suspender sus derechos políticos por cuatro años e imponer el pago de 70 salarios básicos.

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