Concurso en el CPCCS: el correísmo quiere asegurar el control de la nueva Fiscalía
El sistema constitucional de nominación de autoridades de control topó fondo. En el CPCCS ya nadie disimula siquiera
Lo que se vive en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la crisis del modelo constitucional en una etapa ya avanzada.
El vistoso y tan comentado intercambio de imprecaciones entre los vocales Augusto Verduga y Esteban Guarderas (el primero, representante del correísmo; el otro, eventual operador del gobierno en un organismo que se supone ajeno a los partidos y al margen de la política) es solo la inevitable expresión anecdótica de esa crisis.
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Lo que se juega, en el fondo, es la naturaleza antidemocrática del CPCCS, la perversidad del sistema de nominación de autoridades de control y la inadecuación de la fórmula de concursos, aparentemente diseñados para garantizar el máximo de opacidad y el peor de los resultados.
El Pleno tratará el reglamento del concurso para la Fiscalía
Lo del reglamento para el concurso de selección de nuevo fiscal general del Estado, que el CPCCS está a punto de aprobar, es insólito y muy grave. Al frente del proceso se encuentra el correísta Augusto Verduga. Él, autor del reglamento que muy probablemente será aprobado el próximo viernes, viene de participar en un proceso de primarias en el cual su nombre fue considerado para una candidatura a la Presidencia de la República por el correísmo.
Así de orgánica es su vinculación con ese partido político: él no es un militante cualquiera, sino uno con línea de comunicación directa con la cúpula. Lo cual no era un secreto para nadie si se considera cómo llegó a su cargo, tras una abiertamente ilegal campaña en la que contó con el auspicio de su partido (lo cual está prohibido), el apoyo decisivo del mismo Rafael Correa y la silenciosa complicidad de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
Así, lo que empezó con una campaña ilegal ha terminado con los correístas imponiendo las reglas y marcando los tiempos del concurso para elegir al sucesor de Diana Salazar, a quien durante años hicieron hasta lo imposible para tumbar.
Cambios en el proyecto del reglamento
Dos perlas en el reglamento propuesto por Verduga: primero, elimina las pruebas orales, el único paso completamente transparente del proceso, pues esas pruebas son transmitidas por una plataforma digital, de modo que la comunidad jurídica puede juzgar el desempeño de los postulantes y la adecuación de las calificaciones; segundo, establece como único criterio de “probidad notoria”, requisito fundamental para ejercer el cargo de fiscal, el hecho de que no pese sobre el postulante ninguna sentencia ejecutoriada.
Wilman Terán, por ejemplo, podría presentarse sin impedimento alguno, incluso estando preso. O personas como Harrison Salcedo, el narcoabogado de Rasquiña y Jorge Glas, asesinado en una ajuste de cuentas de la mafia. No es una casualidad que sea precisamente el correísmo el encargado de convertir el concepto de probidad notoria en viento.
“Con este reglamento podríamos llegar a tener un narcofiscal”, objetó no sin razón el vocal Esteban Guarderas. Curiosamente, Verduga se dio por aludido (sabrá él porqué), se ofendió, fingió indignación y se ocultó tras ella para no responder el cuestionamiento.
Este era muy concreto y exigía una explicación razonada que el correísta escamoteó al país. En lugar de argumentar en defensa de su reglamento, se dirigió con insultos a Guarderas: “mamarracho”, le dijo. Y “pigmeo del gobierno”, expresión inventada que, si Verduga fuera de derecha, habría provocado anatemas y cancelaciones por racista y ofensiva contra al menos dos colectivos identitarios.
Así que el vocal correísta no solamente ocupa de manera ilegítima una dignidad que, como militante, no le corresponde, sino que lo hace para boicotear el debate, como si su reglamento no estuviera sujeto a discusión.
Jazmín Enríquez, el reemplazo de Calvache
Sentada a su lado, Jazmín Enríquez, la nueva vocal del CPCCS (entró en reemplazo de Mishelle Calvache) sonrió con indescriptible alegría y aprobación cuando le escuchó lo de “pigmeo del gobierno”: un gesto que anticipa lo que será su conducta en esa mesa.
Guarderas, claro, es parte del problema. Porque si con el reglamento de Verduga podríamos terminar con un narcofiscal, gracias a su complicidad terminamos con el abogado de dos narcos, Mario Godoy, en la presidencia del Consejo de la Judicatura, al frente de otro concurso, el de jueces para la Corte Nacional, tan plagado de irregularidades que el Colegio de Abogados de Pichincha ya pidió su completa anulación. Y van dos.
Se trataba entonces, cuando la elección de Godoy, de complacer al gobierno, y Guarderas actuó en consecuencia. Él, Verduga y todos los demás son parte del verdadero gran problema, que se llama CPCCS y abarca todo este amañado sistema de nominación de autoridades de control, que parece diseñado para ser manipulado.
El problema es que el país sigue pretendiendo que el próximo concurso (de fiscal, de jueces, de superintendentes, de lo que sea), el próximo sí saldrá perfecto. Y no hay un solo motivo que sugiera tal cosa.
