El Consejo de la Judicatura falla en otro concurso de selección de jueces

No solo el concurso para la selección de 10 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia se declaró nulo. Además está detenido el concurso para conformar el banco de elegibles para la Carrera Judicial Jurisdiccional a escala nacional.

En abril, cuando Álvaro Román presidía el Consejo de la Judicatura, se anunció que con este segundo concurso se conformaría un banco con 1.090 cupos, de los que se escogerían 500 jueces, para suplir las renuncias, jubilaciones y destituciones, en los próximos seis años. Sin embargo, ocho meses después, quienes participaron no tienen respuestas al respecto. Del tema evitan hablar con EXPRESO vocales como Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. Tampoco hubo respuesta a una solicitud al equipo de prensa de Mario Godoy, presidente.

Otro vocal, Merck Benavides, confirmó: “Ese concurso del banco de elegibles está en suspenso porque no hubo quien haga la prueba psicológica. Nadie se postuló, nadie se presentó. Consecuentemente, está suspendido. El Pleno debe decidir”.

Eso se supo el 10 de septiembre en sesión extraordinaria. También que un nuevo proceso de contratación tomaría entre cuatro y seis meses.

¿Qué dice una concursante?

Ana Sánchez, jueza de Garantías Penitenciarias de Latacunga, se postuló para entrar en ese concurso; pero al preguntarle, responde que no le han informado si se lo declaró desierto, si está anulado o qué harán con quienes participaron.

Además, Sánchez señala que ya es parte de un banco de elegibles, que resultó del concurso del 2022 para jueces anticorrupción. Puede ser utilizado, afirma, según el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que en caso de que se requiera llenar vacantes, se puede recurrir al banco.

También cita el artículo 73 de ese mismo Código, sobre el efecto vinculante de los resultados de los concursos. “Las autoridades nominadoras deberán nombrar para el puesto al concursante que haya obtenido el mejor puntaje. Yo obtuve 92,75, soy la mejor puntuada. Aunque se priorizaron las calificaciones del curso”, dice Sánchez. En todo caso, ella manifiesta que finalmente los usuarios son los perjudicados. “Ellos claman por un servicio célere”.

La mañana del 14 de diciembre del 2023, cuando estalló el caso Metástasis, algunas provincias del país perdieron jueces, ya que se los vinculó a ese proceso. Una de ellas es Cotopaxi, donde hay dos vacantes.

Sánchez aspira a ser jueza provincial de la Sala Penal. Recuerda que hubo cinco convocatorias, para Pichincha y Cotopaxi. “No nos han designado, existe la necesidad urgente, la vacante y la certificación del presupuesto, pero no hay la voluntad. He esperado desde marzo”.

¿Qué pasará con este concurso?

Los aspirantes debían superar el concurso de méritos y oposición y luego pasar un curso de tres a cuatro meses, con mínimo 80 sobre 100 puntos, para ir al banco de elegibles.

Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación Nacional de Abogados, anota que la situación que atraviesa el sistema de justicia es crítica, por la corrupción, tanto de operadores y abogados en libre ejercicio como del propio Consejo de la Judicatura, que tiene algunos exvocales con sentencia condenatoria.

Para Guzmán, este concurso, al igual que el otro para seleccionar a jueces nacionales, pasará a manos del nuevo Pleno, ya que este terminará su trabajo en enero próximo. Recuerda que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya solicitó las ternas a las diferentes funciones del Estado.

Paúl Córdova, abogado constitucionalista, apunta que quedan evidenciados los problemas en el modelo de gestión de la Judicatura cuando un nuevo concurso queda en el aire, sin que exista un pronunciamiento oficial. “Hay una sobrecarga de competencias, pues deben revisar la carrera fiscal, de defensores públicos y notarios. Se necesita una reestructuración”.

A él le parece equivocado que se haya convocado a un concurso para 1.090 aspirantes a llenar vacantes en las salas en materia penal, no penal, multicompetente, administrativa y tributaria, sin darle importancia a la especialidad. Además Córdova subraya que “no hay una sola provincia del país en donde se encuentren al día en el despacho de causas”.

Luis Muñoz, asesor de la Federación Nacional de Empleados Judiciales, sostiene que el problema en la Función Judicial es crónico. “La gente de Galápagos debe mendigar justicia penal en Guayaquil. En Esmeraldas hay un tribunal penal de cuatro jueces para 600 mil personas”. Sin embargo, eso no es todo, reitera, ya que así se hubiera concretado el concurso e incorporado a 500 jueces, “persiste la falta de presupuesto, no hay insumos ni vehículos para trasladar a citadores”.

Algunos datos

En el informe de control disciplinario, del 31 de octubre, se indica que el Pleno del Consejo de la Judicatura ha revisado unos 652 casos. De ellos, 219 (34 %) han culminado en sanciones: 108 por faltas gravísimas (suspensiones y destituciones), 17 por faltas graves y 94 por faltas leves.

De las 108 destituciones por faltas gravísimas, distribuidas en 17 provincias, se concluye que las de Guayas y Pichincha representan el 48 % del total. Las de otras provincias muestran una distribución considerablemente menor, con porcentajes del 14 % en Manabí y del 1 % en provincias como Cotopaxi, Loja, Napo y Orellana.

Tras las investigaciones por casos de connotación pública como Metástasis, Purga y Plaga, en los que resultaron involucrados jueces, fiscales y otros operadores de la justicia, se destituyó a 25 funcionarios. Algunos emitieron fallos en los procesos de Adolfo Macías (alias Fito) y Leandro Norero.

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