Consulta o muerte cruzada: qué le conviene más al país

¿La consulta popular o la muerte cruzada? La primera es una carta que al menos los tres últimos mandatarios, incluyendo el actual, han puesto sobre la mesa    al inicio de sus períodos, y la segunda es una constante carta bajo la manga, pero hasta el momento sin jugar. Es público que la consulta es la opción del presidente Guillermo Lasso. Ya lo afirmó en una reciente entrevista. “La consulta es sí o sí”, dijo sin descartar acudir a la Constitución e invocar la muerte cruzada. “Si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro a no tenerlos, iremos a una consulta y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino que es la muerte cruzada”.

Lasso goza de un 74,1 % de aprobación a su gestión, según una reciente encuesta de Cedatos. Y se le avecina una Asamblea en contra, al menos así lo anuncian varios bloques legislativos de cara a la aprobación de la proforma presupuestaria. En otras palabras, un panorama abonado para cualquiera de las dos jugadas con sus ventajas y desventajas. Si se inclina por la consulta, es probable que las preguntas obtengan una alta aceptación popular a la tesis presidencial, pero continuará con una Asamblea fraccionada. Y si elige la muerte cruzada, Lasso podría ganar un bloque legislativo más numeroso poniendo también a consideración su cargo en las urnas.

Para el analista y consultor político Jorge León, no es propicio invocar ninguna de las dos opciones. “No creo que es lo que necesita en este momento el país, primero por el costo que implica levantar una consulta popular. Y lo que ahora se necesita, desde el Ejecutivo, se puede realizar ajustándose bien los pantalones para encaminar al país... La muerte cruzada tampoco es lo más idóneo”.

Si de costos se habla, tomando como referencia que la última consulta popular de 2018 costó 48,2 millones de dólares, una nueva podría llegar a costar un poco más de esa cifra, considerando que el padrón electoral crece después de cada comicio al incorporarse más electores con voto obligatorio y facultativo. Y si se toma como referencia la última elección general que costó 91 millones de dólares, una muerte cruzada podría bordear o superar esa misma cifra tomando en cuenta que el padrón electoral crece y se resta una papeleta (la del parlamento andino).

El constitucionalista José Chalco Salgado coincide en parte con León. No comulga con la muerte cruzada y cree que la consulta no es buena porque implicaría una ruptura con la Función Legislativa, un gasto, un momento de inestabilidad por volver a un proceso electoral en menos de un año. “No es buena, pero es necesaria porque este país heredó un proceso de 14 años de un estado obeso, burocrático, lento, sin visión de apertura a los mercados y más.    No podemos esperar que la Asamblea Nacional reflexione y se dé cuenta de su rol histórico y desastroso que está cometiendo”.

Ahora los temas. El presidente ha delineado dos: el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el fortalecimiento de la dolarización. León considera que este último aspecto no debe ser abordado. No así Chalco, quien cree que sí. “Tendría que preguntarse si la gente está de acuerdo con que se impulsó una reforma a la Constitución respecto al poder de Transparencia y Control Social para que desaparezca. Es el momento. Preguntar si se está de acuerdo con iniciar un proceso de modificación a la Constitución respecto a la bicameralidad del Parlamento. Esos son los puntos medulares”.

En una reciente entrevista, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, apuntó a que la consulta debe ir a reformar la organización de las instituciones del Estado y las relaciones entre ellas. “Si la Constitución, en esa parte, no se reforma, seguiremos arrastrando un esquema de gobierno e institucionalidad republicana que contradice los elementos fundamentales de un régimen democrático. Ahora, cómo destrabar los 40 candados que se impusieron para reformar la Constitución es lo que debemos estar discutiendo y no bloquear cualquier intento de reformar esto”.