Consulta popular: una expresión ciudadana callada en la práctica
Para expertos, lo que la ciudadanía manda en las urnas no ha sido hecho totalmente. Su ejecución depende de voluntad política
Desde 1978, Ecuador ha acudido a las urnas en 13 ocasiones para hacer oír su voz a través de consultas populares y referéndums. Aunque desde el gobierno de Alfredo Palacios, cada régimen ha convocado al pueblo para que se exprese; surge la pregunta: ¿realmente su voz ha sido escuchada?
Para Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, la respuesta es parcial. “Se la escucha cuando la respuesta le conviene a la autoridad de turno. Caso contrario, las cosas se dilatan, no son fáciles y no se concretan, como ocurre con la última consulta popular del presidente Daniel Noboa”, sostiene.
¿Qué propuestas de las consultas populares anteriores no se han cumplido?
Entre las propuestas que aún no se concretan está la creación de judicaturas constitucionales especializadas. “Recién ahora se está debatiendo su implementación”, señala López.
De acuerdo con Javier Rojas, abogado y expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, estos organismos deberían implementarse hasta el 9 de mayo.
Sin embargo, asegura que “el Consejo de la Judicatura aún no ha explicado cómo se los implementará, si ya se convocó al concurso de méritos y oposición (que evidentemente no se ha convocado), cuáles serán los requisitos para ese proceso, si cuentan con presupuesto y cuántos jueces se nombrarán a nivel nacional y en las provincias más grandes”.
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Francisco López
¿En qué ha ayudado ir a las urnas?
A esta incertidumbre se suma el incumplimiento del mandato popular sobre la no explotación del Yasuní. Por ello, para David Norero, abogado constitucionalista, excandidato a la Vicepresidencia y exvicepresidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, estas consultas populares son una “gran farsa”.
A su juicio, los ecuatorianos deberían cuestionarse: “¿Qué tan bien nos ha ido con estos referéndums? ¿Ha mejorado realmente nuestra calidad de vida?”.
Rojas argumenta que aunque se ha tipificado el uso de armas de uso militar, “no se percibe una mejora en el ambiente de seguridad en el país”.
López añade que en la consulta popular de 2018, se propuso la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y aunque sus miembros fueron cesados, “al final del día el problema sigue vigente”.
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Javier Rojas
¿Qué debe hacer la ciudadanía?
Por ello, Norero insiste en que es necesario reflexionar acerca de los resultados reales de las consultas populares, pues en muchos casos “se termina votando por un producto de marketing político”.
López coincide con esta visión, señalando que al final, estos mecanismos son utilizados como herramientas para medir la aceptación política del régimen que está al mando.
Aunque es posible solicitar a la Corte Constitucional la adopción de medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de lo aprobado en las urnas, su ejecución, como en el caso de la no explotación del Yasuní, depende del poder político de turno.
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