¿Quiénes contrabandean? Ellos lo saben

El contrabando de combustible no es un delito que recién ha surgido en el actual régimen. Tampoco en el anterior. Mucho menos hace 17 años. Es un problema que siempre ha existido en el país, concuerdan profesionales que se desenvuelven en el sector hidrocarburífero que conversaron con EXPRESO.

Pero este tema no era un asunto que gozara de connotada relevancia en la palestra pública -ni sobre la que los políticos gusten hablar abiertamente- hasta que el presidente Daniel Noboa, el 8 de julio, en una radio guayaquileña, afirmara que existen empresas que ganan millones de dólares por el contrabando de combustible. Cuatro días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Entre los demandados está Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

También Antonio Álvarez, hermano del burgomaestre, y otras siete personas. Además, la empresa Fuelcorp S.A. y las gasolineras Codepesa Gasgrupco S.A. Todos involucrados en una presunta comercialización irregular de combustibles.

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De acuerdo con declaraciones de Lucía Jaramillo, ahora asambleísta del movimiento oficialista, anteriormente del Partido Social Cristiano, este caso, en particular por lo menos, “era un secreto a voces”, al punto de que asegura que “en todas las reuniones de Guayaquil se hablaba del contrabando de combustible de la familia de Aquiles Álvarez”. Entonces, ¿por qué es la primera vez que hay una denuncia con nombres y apellidos de quienes presuntamente se desenvuelven en el contrabando de combustibles y no antes?

EXPRESO intentó conversar sobre este tema con Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, exmandatarios del país, pero ninguno aceptó la entrevista. Todos, en sus gobiernos, solo implementaron diversas medidas que, a criterio de expertos, no tuvieron éxito.

Como la aplicada desde 2011, mediante el acuerdo ministerial 252. Todas las gasolineras que están a 40 kilómetros de la franja fronteriza fueron declaradas de utilidad pública. Sin embargo, “sigue habiendo fuga de combustible” en las fronteras norte y sur, además a nivel marítimo, declara Guillermo Campaña, exgerente de Transporte de EP Petroecuador.

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Eso tampoco ha sido detenido porque “el fiscalizador se da la vuelta”, es decir, el militar, señala René Ortiz, experto petrolero y exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. “Y se supone que están controlando las fronteras”, expresa indignado Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe). Ante esto pregunta: “¿Quién controla las gasolineras de las fronteras del norte, sur y del Oriente?, ¿se cumplió con el objetivo del decreto?”.

Ortiz comenta que, en Huaquillas, al sur del país, casi todas las familias se dedican al contrabando; ellos tienen una carretilla en la que cruzan al otro lado un tanque de gas. En Perú los venden y por cada bombona se ganan unos $ 10. Y de esto también “se conoce”, manifiesta.

Campaña presume que el Gobierno sabe exactamente lo que está sucediendo y quiénes están detrás del contrabando, a través de la inteligencia policial como militar. Y así es. Las anteriores y actuales autoridades “sí lo saben”, corrobora Ortiz; pero no lo han hecho público porque no ha sido el objetivo.

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Aunque afirma que el Estado sí ha sancionado este delito a través de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARC) y del Servicio de Rentas Internas, cree que sí debieron haberlo comunicado. Por lo que en su opinión, esa lista debería evidenciarse públicamente porque “no se puede encubrir más”. Pero también combatir a los pescadores que trafican combustible y “la marina lo sabe”.

Es decir, el “secreto a voces” es poder adentro. Siendo así, ¿Por qué callan? Porque es un tema político, asevera Buster Maldonado, presidente de la Unión Cantonal de Operadoras de Taxis de Guayaquil (Ucotag). Ellos “sí saben dónde está el mal, pero no hacen nada y bloquean el progreso”. Es por eso que, para Erazo y los demás los expertos, la única solución para erradicar el contrabando es la eliminación de los subsidios.

No obstante, el que se suprima este subsidio no sería suficiente, indica Erazo, porque, aun así, la gasolina ecuatoriana todavía sería más barata que la colombiana y la peruana, por lo que “seguiría siendo atractiva para el mercado negro”. Es por eso por lo que el precio debería igualarse al de los países vecinos, sentencia el director de Camddepe. Sin embargo, eso también significa que la calidad de la gasolina debe mejorar, señala Erick Benítez, experto en petróleo, porque el motivo por el que su precio es bajo es por “ser de mala calidad”.

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Para Campaña, aunque el gobierno sabe lo que se debería hacer, no toma las riendas de los problemas e invierte en las refinerías. Esto, porque al aumentar los precios, también podría significar el fin de su estadía en Carondelet, paralizaciones sociales o reducción de votos.

Costo social de eliminar un subsidio

El gas de uso doméstico es otro combustible que también es subsidiado, pero no ha sido tocado por los gobiernos, debido a que es usado por más del 85 % de la población, dice el exministro René Ortiz. Es decir, casi todas las familias lo consumen. Aunque también lo hacen, y no deberían hacerlo, segmentos industriales, como la alimenticia, algunos restaurantes, camaroneras y el transporte privado, señala Buster Maldonado, presidente de la Ucotag.

Ortiz señala que el precio internacional del gas es 10 veces mayor a la del costo a nivel de envasadoras en el país. En Ecuador está en $ 1,65. Erick Benites, experto en petróleo, explica que, si se elimina este subsidio no solo arruinaría el contrabando, también a todo el pueblo ecuatoriano, sobre todo a la clase baja y media, porque afectaría directamente a la canasta básica, que hasta junio estaba en $ 795,75, ya que a la gente no le alcanzaría para comprarlo, debido a que el salario básico es de $ 460.

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Es por eso por lo que Ortiz ve difícil que se elimine ese subsidio. Para Maldonado es menester que el Estado mejore los controles, que la ARC junto con la Policía hagan operativos, que abran el portamaletas de los autos y vayan a los locales. Pero también a las casas, porque en Quito, usan el gas de 15 kilos para calentar las piscinas, dice Ortiz, y también lo saben.

Exmandatarios consultados

- Lucio Gutiérrez

Al inicio accedió a la entrevista: “claro que sí, con el mayor gusto”; pero luego no confirmó el día ni la hora. Se insistió, pero no contestó.

- Alfredo Palacios

No contestó los mensajes de texto que se le envío a su whatsApp. Se insistió; él timbró, pero no contestó. Se le llamó, no respondió.

- Rafael Correa

Su comunicadora dijo: “de momento no estamos haciendo entrevistas”; aunque antes preguntó sobre el formato y quién lo entrevistaría.

- Lenín Moreno

Una fuente cercana a Moreno nos facilitó su número de contacto. Sin embargo, no respondió los mensajes que se le envió en dos ocasiones.

- Guillermo Lasso

Su comunicadora indicó que “el (ex)presidente Lasso no dará entrevistas. Le agradezco su interés y tomo nota de su pedido para otra ocasión”.

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