Correísmo presenta otro juicio político contra la fiscal Diana Salazar

Un nuevo pedido de juicio político en contra de la fiscal del Estado, Diana Salazar, anunció la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) este 14 de mayo de 2024, un día después del conflicto generado en la Comisión de Fiscalización.

El bloque correísta no demoró en reaccionar. En la mañana de hoy las demás bancadas legislativas cuestionaron a la presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre, por haber dado paso a recibir a Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis, durante la comparecencia de la fiscal. Abogaron por sanciones al considerar que se habría cometido una falta administrativa en el procedimiento parlamentario. Por la tarde, la RC hizo el anuncio.

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Héctor Valladares, legislador correísta, es quien plantea el pedido como proponente. “He identificado al menos dos causales de incumplimiento de funciones de la fiscal. Causales que las tenemos debidamente documentadas como respaldos legales”, argumentó el asambleísta.

La primera causal se relaciona con el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos, según Valladares. Dijo que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el periodo comprendido entre el 2019 y 2022, emitió 97 alertas de potenciales casos de lavado de activos, de los cuales la fiscal apenas procesó 12 e inició los juicios correspondientes. Eso representa el 12.37 % de todos los casos, añadió.

Se está incumpliendo los numerales 2, 4, 11 y 13 el artículo 284 del Código Orgánico de la Función Judicial, dijo, al resaltar que al no procesar todas las alertas se habría protegido a quienes cometieron el delito de lavado de activo por un monto que sobrepasa los 250 millones de dólares.  

La otra causal según Valladares “se relaciona a la inacción de la fiscal en el caso Capaco, en contra de Carlos Pareja Cordero”. Sostuvo que en 2016 la Fiscalía inició un proceso legal en contra de Pareja Cordero por el presunto delito de lavado de activos.

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas concluyó en su informe que a lo largo de la investigación y sustanciación del proceso se produjeron múltiples violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la garantía de motivación de las resoluciones judiciales, leyó Valladares.

Por eso endilga a la fiscal esa supuesta inacción para señalar que así se permitió que los bienes incautados sean recuperados por Pareja Cordero.

Este nuevo pedido de juicio político tendría que sumarse al juicio, presentado por Gissella Garzón, que ya está en manos de Fiscalización para que se incluyan las nuevas causales, según Valladares. Sería un solo juicio unificado, una vez calificado por el Consejo de Administración Legislativa, lo permite la normativa, recalcó.

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