Corte Constitucional: las críticas salpican a la idoneidad de los evaluadores

Los cuestionamientos en torno a la integración de la comisión calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional se mantienen, más de dos meses después de su posesión. Incluso, el miércoles 30 de octubre le pidieron al contralor Mauricio Torres, presidente de la Función de Transparencia, solicitar a Fernando Yávar que se excuse y al Ejecutivo enviar a un reemplazo.

Abogados y profesores universitarios sostienen que se irrespetan los artículos 174 y 179, numeral 2, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dicha normativa establece que los nombrados deben actuar con absoluta independencia de las autoridades nominadoras. Y que no pueden ejercer otros cargos.

Paúl Córdova, especialista en temas constitucionales, relató que un grupo de abogados en libre ejercicio y profesores de distintas provincias del país le enviaron una queja a Torres, en torno a las posibles inhabilidades en las que incurriría Yávar. “Se requiere que actúen con independencia respecto a intereses políticos. Tenemos la convicción de que esta queja será debidamente respondida”.

Córdova subrayó que tanto los jueces de la Corte como los comisionados tienen prohibido defender o asesorar pública o privadamente, para evitar conflictos de intereses.

Fernando Yávar ha sido abogado, en lo privado, del presidente Daniel Noboa, al menos desde el 2022. Asimismo, se presentó como defensor de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en el juicio político en el Legislativo. E incluso aparece representando al primer mandatario en la querella por calumnias en contra de la asambleísta correísta Mónica Palacios.

¿Qué opinan al respecto los comisionados?

Juan Izquierdo, presidente de la comisión, señaló que sobre esos cuestionamientos le corresponde pronunciarse a Yávar y al mismo Ejecutivo decidir.

De su lado, Laura Flores, secretaria de la comisión, respondió en torno a las críticas que “nadie conoce a la comisión”. “Hay gente que cree tener más autoridad moral para encasillar a otros profesionales muy buenos. Tengo muchísima experiencia en el sector público, en la nueva administración, que surge desde que se aprobó la Constitución vigente”.

También Flores, nominada por el Legislativo, manifestó que la tarea que se les encomendó acarrea una gran responsabilidad. Y destacó que no reciben remuneración ni dietas por ser miembros de la comisión.

Tampoco cuentan con una oficina física. La Función de Transparencia les ha prestado instalaciones para mantener sus archivos. “No hay personal, somos seis comisionados que hacemos desde borradores de oficios, enviamos correos y notificaciones”, dijo y recordó que reciben impugnaciones y que van a invitar a universidades y especialistas en materia constitucional, para que los apoyen como asesores.

Las voces de abogados constitucionalistas

A Sebastián López, profesor de Derecho Constitucional, le resulta “vergonzoso” argumentar que pedirán apoyo a universidades, ya que finalmente “quienes evaluarán serán los miembros de la comisión y creo que no dan la talla”. ¿Por qué? Respondió que esos perfiles no calificarán a un juez inferior sino a tres jueces de la más alta corte del país y no cumplen con requisitos mínimos. Por tanto, no están en condiciones igualitarias con los candidatos. “Es paradójico y llamativo que encarguen esta labor a personas sin especialización en la materia”.

La abogada y docente Belén Aguinaga revisó información pública sobre la comisión calificadora. No conoce personalmente a los comisionados y no quiere desmerecer su trayectoria. Comentó que en lo formal acreditan experiencia y conocimientos en Derecho Público, no en Constitucional. Le quedó la duda de que cumplan con el requisito de ejercicio con probidad notoria. “No son conocidos en el gremio de los abogados. Que no sean notorios en la opinión pública no necesariamente demuestra falta de capacidad o profesionalismo, pero queda la interrogante sobre si están cumpliendo el requisito”, advirtió.

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