Corte Constitucional pidió un informe al CPCCS en caso de Superintendente de Bancos
El organismo solicitó al Consejo los actos desarrollados por el Pleno tras la sentencia emitida el 5 de diciembre del 2024
La Corte Constitucional solicitó un informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) respecto a los actos que se han desarrollado para asegurar el cumplimiento de la sentencia del 5 de diciembre del 2024 sobre la designación del Superintendente de Bancos.
En el oficio N° CC-STJ-2025-0, emitido este viernes 24 de enero, la Corte pidió al CPCCS remitir en el término impostergable de 24 horas (hasta las 23:59 del lunes 27 de enero), copias de las actuaciones de carácter administrativo (actas, audios, resoluciones) adoptadas por el Pleno del Consejo en relación al cumplimiento de dicha sentencia.
"La información solicitada es indispensable para establecer las acciones ejecutadas por el CPCCS para garantizar el cumplimiento a la referida sentencia. En consecuencia, es un deber del CPCCS remitir esta documentación", expuso la Corte Constitucional en el documento.
Restitución de Raúl González por la mayoría de vocales del CPCCS
El miércoles 22 de enero, el Pleno del Consejo aprobó restituir como titular de la Superintendencia de Bancos a Raúl González, quien fue imposibilitado de ejercer ese cargo en el 2022 tras una acción judicial.
Con cuatro votos a favor (tres de ellos fueron de vocales que integran la Liga Azul, afín al correísmo) se dio paso al regreso de González a la institución, al interpretar una sentencia de la Corte Constitucional en la que se reconocía una vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte aclaró dicha sentencia, emitida el 5 de diciembre del 2024, "no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos".
El 4 de diciembre Roberto Romero había sido elegido como nuevo Superintendente de Bancos por el CPCCS. Sin embargo, este jueves 23 de enero, él reaccionó a la nueva disposición de esa entidad e interpuso una denuncia a la Fiscalía por usurpación de funciones.
Además denunció a los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y Eduardo Franco Loor ante la Corte Constitucional (quienes aprobaron la restitución de González) y pidió su destitución.
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Sobre la primera denuncia, este viernes 24 de enero la Fiscalía ejecutó allanamientos en la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito, donde recabó indicios para la investigación del caso.
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