Corte Constitucional: la renovación de tres jueces inquieta a abogados
Los elegidos deben tener independencia política, económica y religiosa, dice especialista
La Corte Constitucional es el ente garante de pesos y contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en caso de que se extralimiten. Y el último eslabón al cual acudir si se cree que la norma no se cumple, precisa Christian Paula, experto en derecho constitucional.
Por ello es trascendental la selección de los jueces que reemplazarán a tres de los nueve integrantes de ese Pleno. La noche del miércoles, la comisión calificadora para la renovación parcial de la Corte empezó a revisar que los nueve candidatos, nominados por el Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Transparencia (Contraloría), no incurran en inhabilidades.
¿Quiénes no pueden ser jueces constitucionales?
Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no pueden ser designados jueces quienes hayan pertenecido a la directiva de un partido político 10 años antes; tengan un contrato con el Estado para ejecutar una obra pública, prestar un servicio o explotar recursos naturales; o estén en mora en el pago de pensiones alimenticias...
La comisión, según su presidente, Juan Izquierdo, envió oficios a los candidatos que no han cumplido con el artículo 14 del reglamento de selección. En sus carpetas no constan documentos originales o copias certificadas.
Críticas al perfil de comisión calificadora
Dolores Miño, especialista en derecho constitucional, desconfía de la comisión, ya que “debería estar integrada por personas con los mismos requisitos en cuanto a perfil y experiencia constitucional. No reúnen un nivel de ‘expertise’ suficiente como para evaluar a futuros jueces".
Además, a Miño le inquieta la presencia de Fernando Yávar (nominado por el Ejecutivo), quien “tuvo tachas en su manejo del Consejo de la Judicatura y la injerencia en el sistema de justicia, lo que ya genera una situación de duda con respecto a cómo llevarán la selección quienes no saben de derecho constitucional y tienen un antecedente”.
Sobre ese punto, Izquierdo le respondió a EXPRESO que tiene una maestría en la materia y ha cursado seminarios en la Corte Interamericana, el Instituto Interamericano en Costa Rica, la ONU en Ginebra, entre otros, y que ha sido funcionario del Estado por 20 años.
En torno a los perfiles de los nueve nominados, Miño expresó: “Hay ilustres desconocidos y por el momento no podemos decir nada; otras (candidaturas), por su exposición notoria y pública, vemos su afinidad hacia un grupo político; y hay buenos profesionales, capacitados en derecho constitucional. Para que lleguen los buenos, se debe garantizar que la comisión haga bien su trabajo”.
Izquierdo subrayó que quienes consideren que hay falta de probidad o idoneidad, inhabilidades u ocultamiento de información de un candidato, pueden presentar impugnaciones motivadas. Una vez que pase la fase de admisibilidad, dijo, esperan recibir por escrito las quejas documentadas y con firma y cédula de responsabilidad, en la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia, noveno piso de la Superintendencia de Bancos, en Quito.
Christian Paula, presidente de Pakta, es el abogado que logró que la Corte Constitucional se pronuncie el 12 de junio del 2019 a favor del matrimonio civil igualitario. La decisión llegó tras una consulta de norma que envió la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sobre la opción de aplicar la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH. Esta recomienda que los Estados brinden los derechos más favorables a la población LGBTIQ.
Pese a esa sentencia, Paula anota que la CC tiene un “termómetro político” para medir, por ejemplo, el impacto social de sus decisiones. Y eso implica negociaciones internas, para obtener mayoría simple de cinco votos o los siete. Aclara que por la importancia de sus decisiones, los jueces necesitan independencia política, económica y religiosa del poder.
¿Cómo se evaluará a los candidatos?
En ese sentido, Juan Izquierdo dice que ellos harán la mejor selección. Según su reglamento, se otorgarán 30 puntos por méritos académicos y profesionales, 35 puntos en la prueba escrita y 35, en la oral. Las preguntas serán elegidas entre las enviadas por las universidades (no detalló cuáles ni cuántas participarán).
Aunque el trabajo de la Corte ha sido destacado por abogados y colectivos, hay un listado de temas en espera como sentencias sobre la inconstitucionalidad de la liberación del porte de armas, la Ley de Reparación de Víctimas de la Comisión de la Verdad, los derechos de la niñez trans, la ampliación de causales del aborto, aumento del IVA al 15 %, etc.
