Corte Constitucional: la veeduría, otra raya más en la tropezada renovación

Desde ayer y hasta el 11 de diciembre estará abierta la fase de impugnación a los nueve candidatos que buscan llegar a la Corte Constitucional. Lo confirmó la comisión calificadora para la renovación parcial del organismo, en rueda de prensa, desarrollada en Quito. Y también que todos los nominados por el Ejecutivo, Legislativo y Transparencia cumplieron con los requisitos iniciales.

Sin embargo, lo que resultó llamativo fue conocer que la comisión calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional solamente registró a un veedor del proceso. Se trata del abogado Santiago Machuca, quien es profesor de la Universidad Central e integra Acción Jurídica Popular, organización también integrada por una de las candidatas, Angélica Porras, afín al correísmo.

¿Quién es Santiago Machuca?

Machuca descarta que su cercanía a Porras pudiera empañar su accionar como veedor. En entrevista con EXPRESO señaló que es abogado en libre ejercicio y litiga casos sobre derecho constitucional, por lo que tiene relación directa con varios de los candidatos, no solo con ella. Mencionó a José Luis Terán y Armando Aceldo.

El veedor dijo sentirse preocupado porque la comisión calificadora le ha negado la participación a sus sesiones del Pleno, para ver la dinámica o metodología de calificación de requisitos de admisibilidad de los candidatos. Reiteró que sabe que no tiene voz ni voto. Pero le interesa seguir las reuniones.

Laura Flores, secretaria de la comisión calificadora, dijo que Machuca fue el único que se inscribió para ser veedor. Él trabaja en Acción Jurídica Popular junto a Porras, entre otros abogados. Como parte de ese grupo, ella patrocinó al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, junto a Priscila Schettini, quien es candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana y esposa de Carrión. Ambas, también, denunciaron a la fiscal Diana Salazar. Y hace poco difundieron un drive con los supuestos chats del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, por lo que fueron denunciadas ante la Fiscalía.

8 veedores, aprobados por el CPCCS

Además, la comisionada Flores informó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) notificó a la comisión calificadora que ocho ciudadanos integran la veeduría ciudadana para el proceso de renovación parcial de los jueces y juezas de la CC. Sin embargo, a la comisión le parece “improcedente que se unan para realizar la veeduría porque en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y nuestro reglamento se habla de un proceso propio y los veedores deben calificarse ante la comisión”, subrayó Flores.

En ese sentido, Juan Izquierdo, presidente de la comisión calificadora, dijo que del 16 al 23, el CPCCS debía inscribir a sus veedores. Pero lo hizo de forma extemporánea.

Por su parte, el CPCCS, consultado por este medio, recordó que ese es el organismo encargado de conformar las veedurías ciudadanas para todos los concursos. Los ocho veedores inscritos ante el Consejo son Fernando Bastias, Johanna Romero, Diego Ron, Luis Acosta, Carlos Almeida, Carlos Cordero, Oswaldo Garcés y Aida Espinoza. Aunque inicialmente se habían inscrito 27 personas. Los tres primeros son abogados. Bastias es parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y es el coordinador del grupo. Hoy se reunirán, para analizar su postura ante la participación como comisionado de Fernando Yávar.

¿Qué opinan los abogados?

Paúl Córdova es parte del grupo de abogados que exigió al Ejecutivo reemplazar a Yávar, por no mantener la independencia con la función nominadora. Señaló que las veedurías están reguladas por la Ley de Participación Ciudadana y que tanto la comisión como el CPCCS están legalmente facultados para invitar a conformarlas, sin conflictos de intereses. En esta fase, a su criterio, hay que analizar los perfiles de los candidatos y sus vínculos políticos, ya que en este concurso esto se hace antes de la revisión de los méritos y oposición.

La veedora, del CPCCS

Johanna Romero, secretaria de los veedores legalizados ante el CPCCS, dijo que además de un deber cívico, a nivel profesional le interesa estar al tanto del proceso de selección de la Corte. “Es un momento crítico para el país, por la cantidad de causas importantes pendientes, incluida la reforma constitucional”. Aseguró que vigilarán el procedimiento, observarán el accionar de la comisión calificadora en todas las fases.

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