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Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, obtuvo la prelibertad en junio de 2020 y en diciembre de ese año fue asesinado.ARCHIVO

Corte del Guayas negó suspensión condicional de la pena al exjuez José Tamayo

Tamayo recibió una sentencia de tres años de prisión por el delito de prevaricato

En el sistema de consulta de causas de la Función Judicial consta el acta de la audiencia del 14 de junio de 2024, donde se revisó la solicitud de la defensa del exjuez José Tamayo Arana sobre la suspensión condicional de la pena.

La Corte Provincial de Justicia del Guayas condenó a Tamayo a tres años de prisión, el 21 de mayo de 2024. Se lo acusó por el delito de prevaricato.

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En la audiencia de junio, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el pedido de suspensión condicional de la pena.

Para la negativa, se argumentó que Tamayo dictó una resolución que benefició a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, “de alta peligrosidad” para que haya obtenido un beneficio, que no le correspondía.

En 2019, Tamayo redujo la pena de Zambrano de 20 años a 8 años de prisión. En junio de 2020 obtuvo la prelibertad y en diciembre de ese año fue asesinado.

El delito de prevaricato prescribe

El proceso contra Tamayo inició en 2020 por una denuncia del Consejo de la Judicatura por prevaricato. Santiago Peñaherrera ejercía entonces la representación legal de la Judicatura.

En diciembre de 2023 dejó la institución pero da seguimiento al proceso. Cuestiona que hay demoras y le preocupa que este caso quede en la impunidad porque el delito por prevaricato prescribe en cinco años, es decir en 2025.

Se trata de un caso que debería causar alarma social, el nombre de Tamayo aparece en los caso Purga y Metástasis, señaló Peñaherrera.

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En este proceso aún quedan por agotar los recursos de apelación y casación, que seguramente los presentará Tamayo, según Peñaherrera. “Tanto se ha dilatado la audiencia de juicio donde se estableció la sentencia y justamente eso ha tenido que ver con la posibilidad de que esto prescriba”, refirió.

Además, “preocupa que se han demorado tanto en reducir a un escrito la sentencia y notificar la misma, porque una vez notificada la sentencia provienen los recursos (apelación y casación)”, apuntó Peñaherrera, quien es abogado especialista en derecho administrativo.

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