Designación de fiscal en el CPCCS: el reglamento del concurso es una pieza clave
El CPCCS deberá elegir al reemplazo de Salazar. La elección dependerá de qué tan exigente serán las reglas
Hasta abril de 2025 se deberá definir quién reemplazará a Diana Salazar, la actual fiscal general del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) debe liderar el concurso para seleccionar a la cabeza del Ministerio Público que permanecerá seis años en el cargo.
Quien asuma la función deberá ejercer la acción penal pública en medio de la violencia que enfrenta el país, de las pugnas políticas y del acecho de los poderes formales y fácticos a esta institución.
(Te puede interesar: Elecciones 2025: Centro Democrático y Reto están en la mira del correísmo)
Tras la filtración del borrador del reglamento para el concurso de selección de fiscal general, las alarmas en la comunidad jurídica se encendieron. La preocupación es que el crimen organizado, los partidos políticos o algún funcionario corrupto influyan en el proceso y logren presidir la institución.
La abogada y directora del Observatorio de Derechos Humanos (ODJ), María Dolores Miño, sostiene que “la Fiscalía General va a ser un bastión de intereses no solo para los políticos, sino para la delincuencia organizada”.
Secretismo en el CPCCS
A Miño le “preocupa mucho el secretismo con el que trabaja el CPCCS”, pues no se ha realizado una convocatoria a la sociedad civil, a expertos o a la academia para que participen en la elaboración de las bases de un concurso de tal trascendencia.
María Dolores Miño
El abogado penalista, Pablo Encalada, es enfático en recalcar que “el cargo de fiscal general del Estado es, tal vez, el cargo más poderoso del país”, por lo que un reglamento “muy poco exigente”, puede favorecer a aspirantes que respondan a intereses políticos o de facto: “Yo temo que sea cooptado por el crimen organizado ese cargo o que esté en manos de un corrupto”, advierte el jurista.
El documento que se filtró fue elaborado por el consejero Augusto Verduga, de la “liga azul”, como el correísmo denominó a sus candidatos para el CPCCS.
Miño observa a este borrador asuntos como la eliminación la prueba oral en lugar de “hacerla más objetiva”; que la decisión final sobre las revisiones de notas la tiene el “desacreditado” CPCCS; que solo se permiten impugnaciones con decisiones judiciales o administrativas firmes: “bajo este estándar, gente como Wilman Terán no podrían ser impugnados” y que no hay acción afirmativa por género, lo cual “es inconstitucional”.
Pablo Encalada
Hace falta parámetros del perfil requerido
Encalada manifiesta que no se establecen los parámetros del perfil requerido y que la mayoría de postulantes podrían acreditar la mitad de los puntos solo con cumplir requisitos mínimos.
Encalada dice no tener “ninguna duda de que el correísmo y el gobierno van a tener candidatos” y asegura que “el próximo que venga –un Correa o un Noboa– sabe la fuerza que tiene esa institución”. Es así que para Miño es necesario el nuevo fiscal sea un experto en Derecho Penal sin conflictos de interés, con experiencia, independencia y sin vínculos con el crimen organizado, que no use el cargo para fines políticos.
El penalista indica que hay personas probas que desisten de participar por la injerencia del poder político: “Que te quieran controlar”, las amenazas de enjuiciamientos políticos desde la Legislatura, la poca remuneración “que no se corresponde con el cargo” y la seguridad.
Quien asuma la Fiscalía General del Estado deberá investigar en medio de la corrupción judicial y sus vínculos con grupos narcodelictivos.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO
