Consejo de la Judicatura Caso Plaga
El pleno del Consejo de la Judicatura sesionó este jueves 3 de octubre.Consejo de la Judicatura

Destituyen a seis servidores judiciales involucrados en el caso Plaga

Cinco jueces y una secretaria recibieron sanciones por parte del pleno del Consejo de la Judicatura

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a seis servidores judiciales de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro al estar investigados en el caso Plaga.

Durante la sesión desarrollada este jueves 3 de octubre, el pleno resolvió destituir a cuatro jueces y una secretaria de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como a un magistrado de El Oro, quienes son investigados por el delito de delincuencia organizada en el mencionado caso.

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Según la Judicatura, dichos servidores habrían beneficiado a personas con procesos penales activos a cambio de recibir montos por hasta 60.000 dólares.

La medida fue aprobada por los vocales Solanda Goyes, Yolanda Yupangui, Merck Benavides y del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

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El organismo explicó que los servidores judiciales fueron destituidos al incurrir en infracciones disciplinarias estipuladas en los artículos 109.11 y 109.19 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El primero se refiere a la prohibición de los funcionarios judiciales de recibir o solicitar préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios "que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor".

El segundo inciso del artículo sanciona no poner en conocimiento de la máxima autoridad "cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la Función Judicial y la imparcialidad de jueces y otros servidores judiciales".

¿Qué es el caso Plaga?

En el caso Plaga se investiga una red de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, en el que servidores judiciales otorgaban acciones constitucionales ilegítimas para personas privadas de libertad.

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En este caso son procesados jueces, funcionarios judiciales, policías y abogados, quienes habrían manipulado documentos y procesos judiciales, como hábeas corpus, para excarcelar a personas condenadas por delitos graves, como narcotráfico, sicariato y violación.

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