Diana Salazar: "El juicio político es una revancha de la delincuencia organizada"

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, habló sobre su solicitud de reactivación del juicio político en su contra por un supuesto incumplimiento de funciones. Dijo que realizó el pedido a la Asamblea Nacional por "transparencia" y una vez que recibió autorización médico debido a su estado de gravidez.

En una entrevista en Ecuavisa, la funcionaria aseguró que no existen razones políticas ni jurídicas para ser objeto de censura. "Entre las causales de incumplimiento se señalan varias motivaciones que no son otros que responden a temas que ya se han ventilado en audiencias ante los tribunales, y que ante la contundencia con la que ha actuado la Fiscalía General del Estado, hemos logrado tener sentencias. Y entonces lo que no pueden ganar en los tribunales, tratan de ganar en el plano político", manifestó.

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Salazar expresó que ella "no se debe a la Asamblea" sino al pueblo ecuatoriano. "Serán ellos quienes juzguen a quienes votan, quienes no votan y las razones que motivan este juicio político". Dijo que con esta acción se trata de debilitar el trabajo que ha realizado la Fiscalía frente a diversos casos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Henry Kronfle dejará la presidencia de la Asamblea el próximo 2 de octubre, y en su lugar asumirá la legisladora correísta Viviana Veloz. Frente a este escenario que se proyecta, la fiscal general señaló que es indiferente quién lidere el Parlamento durante el desarrollo del juicio político, pues las pruebas y cargos son los mismos y no van a variar. Dijo no tener preferencia por ningún actor político en particular.

Salazar explicó además que su equipo de trabajo está preparando una estrategia en el caso de que durante el juicio político se genere un careo entre ella y algún prófugo de la justicia, como ocurrió en mayo pasado, cuando legisladores que integran la Comisión de Fiscalización llamaron vía telemática al exasambleísta Ronny Aleaga, para que se enfrente con la fiscal general mientras se defendía de señalamientos por su labor en los casos León de Troya y La Madrina. En esa ocasión, ella abandonó la sesión.

"(Podrán poner) No solamente a esta clase de prófugos, sino a otros prófugos sentenciados, a otras personas que están privadas de la libertad, como ya se han prestado para varios shows en la Asamblea. Estamos seguros de que eso va a pasar, pero la fiscal general no se va a prestar para este tipo de shows. Yo voy a actuar las pruebas de descargo de forma técnico jurídica y también en lo político", expresó la funcionaria.

La fiscal habló sobre la revelación, semanas atrás, de las condiciones de su embarazo por parte de legisladores de la Revolución Ciudadana. "Cuando se presentó también una actualización por transparencia de mi estado de salud, simplemente lo filtraron y trataron de decir que estamos mintiendo y que estamos huyendo. La fiscal general no huye ni tiene miedo, simplemente era un momento de reposo, en el que yo tenía que precautelar la vida de mi hija", sostuvo. 

También descartó que el pedido de reactivación de su juicio político tenga un enfoque "electoral", pero ha solicitado a la Asamblea respetar el tiempo para desarrollarlo. "Que no se les ocurra, por ejemplo, llamarme a comparecer a días en que yo ya tenga que retirarme por la licencia", dijo.

Diana Salazar dijo estar preparando estrategias para desmontar señalamientos

Respecto a la denominación de "narcojuicio", Salazar explicó que aunque es un término duro, refleja la irrupción del narcotráfico y la delincuencia organizada en movimientos políticos, "uno en especial", dijo. Y reiteró que su equipo de trabajo está organizando la estrategia para desmontar cada uno de los señalamientos por incumplimientos de funciones, causal presentada por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, para motivar el juicio político contra la fiscal.

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"Estoy confiada en que la ciudadanía va a ser testigo de que este juicio político no responde más a una revancha de la delincuencia organizada por haber develado la estructura que mantenía cooptada al interior del Estado ecuatoriano", expresó Diana Salazar.

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