Diana Salazar ha vuelto para la madre de todas las batallas

La fiscal Diana Salazar está lista para enfrentar lo inevitable: el juicio político que, desde hace años, persigue el correísmo en su contra. El “narcojuicio”, así lo llama ella en el video de dos minutos y medio que publicó este lunes y en el que anuncia el fin de su retiro. La etapa de riesgo de su embarazo ha sido superada y los médicos, dice ella, la han permitido volver, con el vientre abultado (y por primera decide grabar un video de pie, para que se note), para enfrentar su destino. Es la madre de todos los juicios políticos y será una batalla campal de resultados impredecibles, en la que ambos oponentes se harán todo el daño que puedan.

El regreso de Diana Salazar: ¿Decisión médica o estrategia calculada?

No resulta creíble que una decisión de este tamaño haya dependido, como pretende Salazar, del curso de la naturaleza y la opinión de los obstetras. Más aún considerando que el alta médica se produce justo el día en el que empieza la vacancia legislativa, lo que significa que la fiscal está pidiendo la reactivación de su juicio en la Asamblea pero se da un tiempo. Parece obvio que, detrás de esta jugada, hay una estrategia bien meditada.

Reacciones desfavorables y una mala racha en el horizonte

Es un mal momento para la fiscal. Las reacciones a los allanamientos del caso Confourtable no fueron para nada favorables. Enma Tapia y Katerine Muñoz, juezas de la Corte Nacional, habían otorgado al expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán el habeas corpus que le permitió trasladarse de La Roca a la mil veces más confortable Cárcel 4 (de ahí el nombre del caso: Confourtable, quién sabe de qué idioma proceda este palabro). Casi de inmediato, y supuestamente por las informaciones entregadas por una denuncia anónima, la Fiscalía mandó a allanar sus despachos y se pidió medidas cautelares contras las juezas. En su gran mayoría, la comunidad jurídica nacional ha visto en este hecho una represalia indebida y un precedente nefasto. Sobre todo considerando que los motivos de los allanamientos se mantienen en reserva, así como la orden judicial y casi todo en este extraño proceso.

Diana Salazar lleva meses recibiendo ataques correístas que, de algún modo, han logrado desdibujar sus logros. El juicio político a Wilman Terán en la Asamblea fue completamente funcional para este propósito. En esa ocasión, el expresidente de la Judicatura la acusó de forjar pruebas, de haberle presionado para tomar decisiones ilegítimas cuando era juez, de seguir agendas de gobiernos extranjeros... Por poco serias que fueran estas alegaciones (la mayoría se basaban en supuestos chats indemostrables), el correísmo logró con ello proyectar una sombra sobre el trabajo de la fiscal. Por primera vez, se diluyó la unanimidad nacional que existía en torno al caso Metástasis y sus impactantes revelaciones sobre la narcopolítica.

Es probable que el inesperado regreso de Diana Salazar a la arena política sea el golpe de timón con el que ella pretende revertir esta mala racha de los últimos meses. Al mismo tiempo, es una jugada estratégica que pone en aprietos a sus rivales y devuelve a la fiscal la ventaja de la iniciativa. Ante la inevitabilidad de su juicio político, Salazar se ha dado el lujo no sólo de decidir el momento en que ese proceso tendrá lugar sino que ha impuesto los términos en los que se desarrollará. “Narcojuicio”, ha dicho: “A las cosas hay que llamarlas por su nombre: esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos”. El mensaje de su video de dos minutos y medio para los correístas es claro: de acuerdo, dice la fiscal, vamos al juicio; hablemos de narcopolítica. ¿Están preparados para hacerlo ahora, en épocas electorales? Considerando la enorme cantidad de información de la que dispone Diana Salazar, incluidos los más de cien teléfonos cuyo contenido no ha sido divulgado, es un desafío como para que el correísmo se lo piense dos veces.