Las dos caras de la violencia política de género

Demoledora. Así califica su experiencia la excandidata presidencial Martha Roldós cuando en 2014, desde el Ejecutivo, sufrió violencia política de género. En el país hay otros casos de mujeres que han sufrido esta agresión. No obstante, ¿qué implica y qué no este término?

Para dilucidar esto, Ana Gómez, directora de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), señala que la violencia política nació de un concepto general: la violencia electoral. Abarcaba solo el periodo electoral.

Luego, explica Gómez, esta noción se amplía a violencia política cuando se observa que también existían amenazas e intentos para que las mujeres abandonaran el cargo para el que fueron electas. Esto se evidenciaba cuando la gente se veía forzada a hacer alguna actividad ajena a su cargo o renunciar.

En 2018, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres adopta por primera vez la definición de violencia política de género. Más tarde, en 2020, el Código de la Democracia también lo hace y la tipifica como infracción electoral muy grave, con 13 causas.

Establecen que “esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.

Como fue el caso de María Ludeña, exvicealcaldesa de Celica (Loja). Ante el Tribunal Contencioso Electoral denunció que el entonces alcalde Oswaldo Román desconocía su cargo y que la había cesado anticipadamente de sus funciones.

Así también con la exvicealcaldesa Yennifer López. Jorge Feijoó, quien ejercía la Alcaldía de Palta (Loja), la destituyó luego de haber iniciado un proceso de fiscalización sobre contratos. Tanto Román como Feijoó fueron sancionados por cometer violencia política de género.

Pero Roldós enfatiza que hacer este tipo de denuncias no implica, en ningún caso, que las mujeres estén más allá de la evaluación o crítica a su gestión, ya que todo funcionario público puede ser evaluado o criticado. A su juicio, “una persona que utiliza mal la categoría ha sido la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint”, porque “asume que cualquier crítica a su gestión es violencia política de género”.

Atamaint, en noviembre de 2023, presentó una denuncia en contra de Roberto Aguilar, periodista, columnista y cronista de EXPRESO, por presunta infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279 y los numerales 1, 3 y 7 del artículo 280 del Código de la Democracia. Esto por un artículo de opinión publicado en julio de 2023. Esta acusación fue archivada en noviembre del año pasado por el juez Guillermo Ortega, pero en enero de 2024 el TCE dejó sin efecto el archivo de la causa, admitiéndola.

Silvia Buendía, abogada y activista ecuatoriana por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, sostiene que también hay que ser muy críticos, porque no todo cuestionamiento a una mujer que ejerza un cargo público es violencia política de género.

Para Roldós, hay que tener claro que no se puede utilizar mal esta categoría, porque no es una patente de corso para que las mujeres que están en política no sean sujeto de rendición de cuentas. Es decir, “no están exentas del escrutinio y la fiscalización de la ciudadanía, al igual que los hombres”, advierte Gómez.

Otro ejemplo, cita ella, es el caso de Pamela Aguirre, legisladora y presidenta de la Comisión de Fiscalización, cuando intentó que Ronny Aleaga, exasambleísta y procesado en el caso Metástasis, participara cuando la fiscal del Estado Diana Salazar comparecía ante ese organismo. Por eso, ella recibió críticas de diversos sectores, “las cuales son totalmente válidas”. Pero si ella hubiese recibido “amenazas” de manera directa o cuestionamientos por su condición de mujer, dichos que no tengan nada que ver con la gestión que realizó, eso sí configuraría una violencia política de género, aclara Gómez.

¿Pero por qué se sigue generando violencia política de género? Para Gómez, debe cambiar la forma en que se entiende la participación de las mujeres en el ámbito público y debe haber redistribución de roles, porque las labores de cuidado y las tareas domésticas siguen siendo de las mujeres, a pesar de tener un trabajo remunerado.

Además de que esas desigualdades crean una percepción diferente del rol de los hombres en la esfera pública, lo que provoca una deslegitimación del trabajo femenino, indica Gómez. Sin embargo, Buendía estima que es posible cambiar las percepciones sobre la violencia de género, ya que los patrones misóginos y machistas cambian a través de la educación.

La abogada evalúa el caso de Rafael Correa, quien cuando fue presidente (2007-2017) descalificaba a las mujeres a las que consideraba sus adversarias, o solo por su condición de ser mujeres. A su juicio, la opinión pública es la que “ha hecho que él cambie un poco su discurso misógino que tiene”.

Por ello, para Buendía, el criterio y el cuestionamiento de la opinión pública pueden ser más efectivos que una normativa que prohíbe y regula el discurso violento. Es así también que vemos “hoy día, estos dinosaurios políticos, que tenían estos discursos misóginos tan violentos, como Abdalá Bucaram (hay una diferencia entre) lo que decía en su momento y lo que dice hoy. Y este señor es el punto más bajo de la violencia misógina y lo tenemos clarísimo”. Por lo que, para la abogada, el cambio “quedaría en manos de la misma ciudadanía”.

Es fuerte para Roldós recordar cómo fue recibir los ataques de violencia política de género. “En mi caso fue demoledor porque fue desde la Presidencia de la República y era un gran aparato, todo al mismo tiempo”, rememora la expresidenciable.

La presión fue tan fuerte, cuenta la excandidata, que las agresiones le generaron un impacto en la salud. El estrés al que fue sometida le generó hipertensión, psoriasis y otras enfermedades autoinmunes. Para fortalecerse y seguir adelante, se repetía como mantra frases tipo “soy fuerte, a mí no me pasa nada” o “no los voy a dejar ganar o que tengan un triunfo sobre mí con estas tácticas”. Sin embargo, al final sí sufrió consecuencias, admite.

“Una vez mi hija, llorando, me dijo: ‘Mamá, yo también leo lo que te escriben’”. En ese momento, Roldós fue consciente de que ese problema también lo enfrentaba su familia.

Ante todo esto, el cambio se debe generar desde la sociedad, porque “si tenemos este pensamiento tan marcado, no vamos a poder darnos cuenta cuando esto sucede en las altas esferas”, sentencia Gómez.

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