Elecciones 2025: Los bonos seguirán, pero se depurará la lista de usuarios
Los candidatos presidenciales creen que el subsidio debe mantenerse y también reforzar su componente productivo
En Ecuador no solo se debería hablar de crisis económica o energética. Berenice Cordero dice que ya es necesario poner sobre la mesa de conversación la crisis humana y de los cuidados que atraviesa el país, citando a Nancy Fraser, filósofa política estadounidense.
Hasta junio de este 2024 se consideraba a una persona pobre por ingresos si su ingreso familiar per cápita era menor a 91,55 dólares mensuales, y pobre extrema si ganaba menos de 51,60 dólares.
Hasta ese mes, el 25,5 % de la población vivía en condiciones de pobreza y el 10,6 % en pobreza extrema.
Por eso, Cordero, quien fue ministra de Inclusión Económica y Social entre diciembre de 2017 y octubre de 2019, cree necesario mantener los bonos o transferencias económicas a la población más vulnerable del país. Y además habla de analizar la forma de aumentar el monto entregado, para que tenga mayor impacto en las familias.
¿Cuántos beneficiarios de subsidios hay en Ecuador?
Al momento, 1’378.722 personas reciben uno de los cuatro bonos a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Están dirigidos a quienes viven en situación de pobreza y extrema pobreza.
De ese número, 601.763 personas reciben el Bono de Desarrollo Humano, que es una transferencia de 55 dólares mensuales. La mayoría de beneficiarias (88,59 %) son mujeres jefas del núcleo familiar. Además, 264.778 acceden al bono con componente variable, según el número de hijos menores de 18 años. Según eso, un hogar puede recibir hasta $ 150 al mes.
Además hay otros bonos: de los 1.000 días, para mujeres embarazadas, hasta que sus niños cumplen dos años; Pensión Toda una Vida, para personas con discapacidad; y Mis Mejores Años, para adultos mayores.
Con esos datos, EXPRESO preguntó a los candidatos presidenciales: ¿Debe depurarse o aumentar la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano? ¿Por qué? De siete postulantes que contestaron, todos consideran necesario mantener las transferencias monetarias. Pero seis hablan de depurar las bases del Registro Social, para que el dinero llegue a quienes más lo necesitan.
¿Qué opinan los candidatos sobre los bonos?
Jorge Escala, candidato de Unidad Popular, va más allá de los bonos existentes. En su programa gubernamental contempla el envío de la Ley de Asignación de Renta Básica, para que la Asamblea apruebe la entrega de un salario básico, de forma temporal, a las familias cuya cabeza de hogar no tiene empleo. En países como España existen prestaciones de ese tipo para quienes están en el desempleo o ‘paro’.
En Argentina también se cuenta con una prestación de ese tipo, que dura seis meses más, en caso de personas de 45 años en adelante. En Ecuador, quien pierde su puesto de trabajo y estaba afiliado al IESS recibe el 70 % de un salario básico por cinco meses.
Escala, como los demás presidenciables, esboza ideas para que la transferencia económica rinda más. Él habla de conformar cooperativas mixtas de producción. Por su parte, Jimmy Jairala, aspirante de Centro Democrático, menciona la creación de incentivos y créditos justos para pequeños negocios.
En el Gobierno de Rafael Correa, con la ministra Jeannette Sánchez se implementó el crédito productivo. De ese modo, el beneficiario del bono puede solicitar un adelanto de hasta 12 meses del subsidio, para montar un negocio. Si se asocia le adelantan hasta 24 meses. Ahora mismo existe una Escuela de Inclusión Económica, que deben cursar como requisito.
La candidata Andrea González, de Sociedad Patriótica, considera que una opción podría ser hacer alianzas con ONG o entidades privadas, para impulsar los negocios que emprendan los usuarios del bono.
Para Francesco Tabacchi, de CREO, un bono debe ser una especie de trampolín, que ayude a salir de la pobreza a las personas. Por eso ve necesario generar medidas complementarias, para no solo ofrecer un alivio temporal a las personas.
¿Desde cuándo existe la transferencia económica?
En el libro ‘Política social, pobreza y desigualdad en el Ecuador: 1980 a 2021’ se señala que el final de la década de 1990 marcó un nuevo momento para la protección social en Ecuador. Y que en el contexto de la crisis financiera de 1998 se creó el primer programa de transferencias monetarias, llamado entonces Bono Solidario.
A partir del 2003, el Bono de Desarrollo Humano atendió a hogares, también a personas con discapacidad y a los adultos mayores. En el texto se precisa que desde ese año se condicionó la transferencia al control de salud para menores de cinco años y la asistencia a escuelas para los hijos.
Enfatiza en que no se monitorean sistemáticamente. El Banco Interamericano de Desarrollo, en sus evaluaciones, tampoco ha podido confirmar que se cumpla ese requisito.
Berenice Cordero apunta que si bien la pobreza constituye un problema serio en el país, otro es la alta desigualdad. Comenta que el gasto de inversión previsto para este 2024 era de 2.100 millones de dólares y no se ha ejecutado ni el 20 %. “Es como tener docentes sin computadoras u hospitales sin insumos”, analiza.
A Cordero le inquieta que además de esa población viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, haya un alto número de la población desempleada o en la informalidad, sin un trabajo digno y con toda la vulnerabilidad en salud, educación, etc.
Ella recuerda el caso de Brasil, “un país tremendamente desigual, donde todas las transferencias mensuales suman unos 130 dólares al mes”. El objetivo debe ser que las personas alcancen a completar una canasta básica, al menos.
Sobre el nuevo subsidio Jóvenes en Acción, ofrecido por el presidente Noboa, considera que es necesario tener claras las reglas a cumplir para acceder a él y el período en el que se entregará. Son 400 dólares que recibirán 80.000 beneficiarios, por tres meses.
Algunos datos
La lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano se denomina el Registro Social. Bien utilizado, es una herramienta muy importante de política pública. Esa lista no solamente sirve para determinar quién recibe la transferencia periódica del bono, sino que debería usarse para cruzar información con el sistema de salud, con el sistema de educación, con otros programas como créditos productivos, cursos de formación y acreditación ocupacional, programas de vivienda, etc.
En junio de este 2024, como en años anteriores, se detuvo a delincuentes que suplantaron identidades para cobrar el bono, de modo fraudulento, en Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, según la Policía.
Este año el MIES alertó a beneficiarios de bonos, más que nada adultos mayores, porque en zonas como Jipijapa, desconocidos pedían CI para supuestas verificaciones, con el objetivo de estafarlos y cobrar ellos el dinero.
Análisis del Editor General, Alfonso Albán Espín
Que el Gobierno, con los impuestos de todos, ayude a los menos favorecidos resulta una labor necesaria, más allá de la solidaridad que todo ser humano debería tener con quienes menos tienen. No obstante, al hablar de los bonos estatales hay que empezar a pensar en al menos un par de límites, ya que Ecuador no es el mismo país boyante del boom petrolero.
Lo primero, depurar la lista de beneficiarios. Es una realidad que muchos de quienes reciben el bono, sobre todo el de Desarrollo Humano, lo necesitan, pero otros no. Casos de personas fallecidas cuyos familiares, o hasta bandas delincuenciales, siguen cobrando la ayuda económica estatal hay muchos. Así como el mal uso del dinero para pagar banalidades, en lugar de ser usado para alimentación u otros gastos necesarios del hogar.
Aquí entra la segunda limitante: el uso del dinero. Entregar el dinero físico a los beneficiarios es un cheque en blanco. Habrá quienes lo usen para gastos indispensables, pero otros no. Debería analizarse la alternativa de que en lugar de entregar el dinero físico, por ejemplo se entreguen cupones que se puedan canjear por alimentos u otros insumos de la canasta básica en determinadas tiendas de barrio o supermercados, y que estos cupones solo puedan ser canjeables por el beneficiario directo o algún familiar.
La mano del Gobierno siempre es necesaria, pero como una ayuda, no como un soporte de por vida. Depender de ella es someterse al punto de creer que se le debe retribuir de alguna manera, por ejemplo con el voto.
