Elecciones 2025: candidatos estudian la opción de concesionar las cárceles
Las megacárceles 'estilo Bukele' de Daniel Noboa son criticadas por presidenciables
En los primeros días del 2024, las bandas del crimen organizado buscaron medir fuerzas con el Gobierno de Daniel Noboa. Motines y secuestros de centenas de guías penitenciarios y más funcionarios, tras la confirmación de la fuga del narcotraficante Adolfo Macías, ‘alias Fito’, le mostraron al presidente una de las caras de la violencia, que encara Ecuador.
Noboa respondió a eso y a la toma de un estudio de televisión, con un decreto de estado de excepción, que ya habían aplicado sus antecesores. Pero introduciendo la figura de conflicto armado interno y declarando terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada. Y dispuso que la Policía y las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles.
¿Cuál es el contexto?
Organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Inredh y Contra Prisiones han monitoreado y criticado la militarización. Han denunciado maltratos a los presos.
Al momento en Ecuador hay aproximadamente 33.000 personas privadas de la libertad, en 35 cárceles, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
Desde 2018, Ecuador ha superado las 700 víctimas de masacres en las cárceles. El 2021 fue el más crítico, con alrededor de 350 asesinatos. En este año, pese a la militarización, aún se han registrado crímenes en esos espacios.
Por ejemplo, en noviembre pasado, en la Penitenciaría del Litoral, hubo al menos 17 asesinatos. A lo largo del 2024 no han dejado de registrarse asesinatos a directores, como María Daniela Icaza, quien dirigía esa cárcel y no tenía protección estatal. Días atrás, otro director de una cárcel de Sucumbíos fue víctima de sicarios.
El pasado 5 de diciembre, el director de la cárcel de Machala y su chofer resultaron heridos, en un ataque armado.
¿Qué opinan los presidenciables?
En ese contexto, EXPRESO preguntó a los candidatos presidenciales: ¿Concesionaría las cárceles como una opción para retomar el control en ellas? ¿Cómo? Ocho de los 16 políticos respondieron.
Tres de quienes buscan llegar a Carondelet comentaron que sí darían paso a que las cárceles pasen a ser manejadas por manos privadas, sin que se pierda el control del Estado.
Luis Felipe Tillería, de Avanza, dice que se debería usufructuar del trabajo de los privados de la libertad. Y lograr que las empresas les paguen un sueldo de alrededor de 300 dólares al mes, para que puedan costear su techo y alimentación; ahorrar y entregar algo de dinero mensualmente a un familiar.
Los candidatos en general aceptan que las prisiones enfrentan hacinamiento. También identifican un problema: no se ha clasificado a los privados de la libertad según su grado de peligrosidad. Francesco Tabacchi, de CREO, considera que los centros de privación de libertad deben seguir bajo el manejo estatal. Afirma que dotará de más presupuesto para este grupo, pero con el objetivo de que se queden incomunicados y no puedan seguir en contacto con bandas.
Las requisas
Pese a la presencia de militares, en noviembre y en este diciembre, aún se ha informado de que tras las requisas, han encontrado celulares, armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización, en huecos en las paredes de las celdas.
En este año, como en otros, se ha detenido a militares inclusive, que ingresaban a cárceles como la de Turi, celulares, escondidos en el casco.
En agosto, el Gobierno anunció que invertiría 2 millones de dólares para adquirir detectores manuales, body scanners, entre otros equipos. Además, el Programa de Respuesta de Emergencia de la Unión Europea donó ocho drones.
Sobre la concesión
Para Henry Kronfle, del PSC, se podría optar por la ayuda privada para manejar las cárceles, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la administración y poder contar con mecanismos de eficiencia y modernización en el sistema.
Henry Cucalón, de Construye, no descarta la posibilidad de concesionar las prisiones. Pero subraya que antes hay que resolver problemas estructurales. Además afirma que es necesario cambiar el modelo actual de megacárceles por centros penitenciarios más pequeños.
Megacárceles
De este modo, Cucalón se coloca en la orilla contraria a la respuesta a los problemas del sistema carcelario, que ha planteado el presidente Daniel Noboa. Para él, la solución está en la construcción de grandes infraestructuras, al estilo de las de Nayib Bukele, en El Salvador.
Al momento, este Gobierno solo ha logrado avanzar en la construcción de la llamada cárcel del Encuentro, en la comuna Juntas del Pacífico, al sur de la provincia de Santa Elena. Costará 52 millones.
Mientras que, el presidente tuvo que dar marcha atrás en su plan de construir una segunda mega cárcel de máxima seguridad en Archidona, Napo, luego de protestas, de organizaciones indígenas. Ahora se levantará en Salinas, también en Santa Elena. Dennis Córdova, alcalde de ese cantón, dijo que ha leído a grupos inconformes. Por lo que señaló que no es una decisión en firme. “Tengo una amistad personal con el presidente y en ese sentido nace una idea, sobre unos terrenos en una zona rural, que no nos pertenece... Si los ciudadanos deciden protestar o hacer marchas, no deben hacerlas contra el Municipio”.
Para Jimmy Jairala, de Centro Democrático, lo que se requiere es una policía penitenciaria especializada y trabajar con organizaciones internacionales como el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado.
Desde el 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe que en Ecuador no existe una política pública para resolver la crisis penitenciaria, cuestionó que se privilegie la aplicación de la prisión preventiva, es decir la encarcelación, por lo que reiteró que las megacárceles no son la solución.
Tres datos
En 2022, la CIDH ya recordó que en 2014 se construyeron complejos penitenciarios grandes para enfrentar el hacinamiento, en Ecuador. Pero señalan que la pérdida de control se debe a eso y a la falta de presupuesto.
En septiembre, el hermano de María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral, la más peligrosa del país, contó que no contaba con seguridad, pese a haber reportado amenazas de muerte a sus superiores.
La CIDH si bien ha criticado el abuso de la prisión preventiva, ha dicho que en el país no hay suficientes mecanismos de vigilancia electrónica. Y que los existentes se aplican en Quito. Ni personal suficiente para cuidar el arresto domiciliario.
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