Elecciones 2025: eliminar el CPCCS, una fuerte promesa de campaña electoral

Ninguna administración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sale bien librada por la designación de autoridades. Los expertos dicen que el problema de fondo no son las personas, sino la institución misma. Su creación se dio con la Constitución de 2008, norma suprema de Ecuador que reemplazó a la de 1998.

Quien maneje el CPCCS, manejará un gran poder, incluso para controlar un Gobierno. Así se refiere el jurista Darwin Seraquive sobre los alcances que tiene esta entidad pública, cuya necesidad de supresión se ha avivado en las últimas semanas.

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El CPCCS designa a autoridades de la Procuraduría, las superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, por mandato constitucional.

Intentos fallidos contra el CPCCS

Seraquive fue parte del Comité por la Institucionalización Democrática, liderado por Pablo Dávila, que propuso una reforma parcial a la Constitución para eliminar el CPCCS y traspasar la facultad nominadora a una Asamblea con una estructura bicameral, para que se controlen mutuamente. Pero tras un largo proceso, la propuesta llegó al Legislativo y fue archivada en 2021.

La clase política sabe que el CPCCS no funciona, pero espera que cambie la coyuntura para hacer lo mismo que critica: controlar la designación de autoridades, para tener a quienes les convengan, evalúa Seraquive. El Comité podría reactivar la iniciativa, “habrá que pensarlo, conversarlo”, pero el archivo causó desazón, comenta. Espera que desde otros sectores se haga presión para borrar del mapa el CPCCS.

Eliminar el CPCCS, como propuesta de campaña

Suprimirlo es difícil, pero hay posibilidades. Por ejemplo, a través de la propuesta de algún candidato presidencial. “Electoralmente le va a ir bien”, considera Seraquive.

Héctor Muñoz, quien fue legislador de SUMA (2019), también buscó en aquel entonces que se apruebe una reforma parcial para eliminar el CPCCS, pero tampoco alcanzó los votos. Ahora ve que el mecanismo más viable a mediano plazo es que un candidato plantee desaparecer el CPCCS con una reforma a través de una Asamblea Constituyente, que incluso podría aprovecharse para eliminar el Consejo de la Judicatura.

“La única manera de mover rápido esto es que entre en funciones el nuevo presidente, llame a una Constituyente, se haga una nueva Constitución y se elimine toda esa payasada que no sirve”, expresa.

Yimmy Guerrero, asesor parlamentario, indica que si el nuevo presidente quiere realizar una Constituyente, debe solicitarlo a la Corte Constitucional y el CNE. Según el artículo 444 de la Constitución, la Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Es decir, el mandatario consultará al país si quiere una Constituyente.

Esa consulta debe incluir la forma de elección de los asambleístas y las nuevas reglas del proceso, precisa el constitucionalista José Chalco. Será un periodo de transición. “Una vez que se haga el proyecto de la nueva Constitución (en la que se elimine el CPCCS), se requiere que la población la apruebe en un referéndum”.

Pero hay dos riesgos, según Seraquive y Muñoz: que el candidato que haga la propuesta gane la Presidencia, asuma el cargo y se olvide de la promesa; o que si la intenta aplicar, los votantes digan ‘no’ en las urnas.

Principales funciones del CPCCS

El CPCCS tiene tres funciones generales: promover la participación ciudadana, designar autoridades, y la transparencia y lucha contra la corrupción.

Dispuestos a dar su voto

Ciudadanos coinciden en apostarle a un candidato que ofrezca borrar del mapa la institución presidida por Andrés Fantoni.

Francisco Guerra es taxista. Dice que así “se eliminaría esa corrupción en elegir a las autoridades y las cosas serían más serias”. Pero preferiría que quien proponga esta reforma sea una cara nueva. “Los mismos dicen lo mismo y no mejora el país en nada. ¿Qué nos pasó con el (actual) presidente (Daniel Noboa)?”, cuestiona.

Leonel Álava es de Manabí y también daría su voto. Él es más optimista. Ese cambio serviría “para mejorar el país”, dice, al precisar que se debe “analizar y ver las propuestas” de cada candidato.

Juan Borja es otro ciudadano que apoyaría a quien plantee eliminar el CPCCS, pero solo si se hace “de forma transparente”. Sin embargo, le preocupa que si el candidato gana y se ejecuta la propuesta, la nueva Asamblea termine siendo otro inconveniente, porque “manipulan muchas cosas y le ayudan al candidato que ellos quieren”.

“Si un candidato viene con esa propuesta, yo sí lo apoyaría. Ahora se hacen concursos que son costosos, son procesos que no se están llevando adecuadamente y se escoge a la peor persona”, comenta el ciudadano Diego Reinoso. También respaldaría que se haga una nueva Constitución, porque la actual “es muy garantista, tiene muy pocas salvedades y tenemos muchos problemas a nivel económico, pone candados”.

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