Asambleístas apoyan la disposición de EE. UU. contra Glas y Correa

Desde el miércoles 9 de Octubre de 2024, Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, exvicepresidente, y sus familiares directos no podrán ingresar a territorio estadounidense. Esta acción es aceptada por representantes de las bancadas legislativas de Ecuador que conversaron con EXPRESO.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, comunicó que esta sanción se daba, “a su participación en hechos de corrupción significativos durante su mandato; demuestra nuestro firme compromiso de promover la rendición de cuentas de los actores corruptos”, escribió en su cuenta de X. Esta prohibición también recae sobre la esposa de Correa, Anne Malherbe Gosseline, y sus hijos: Anne Dominique, Sofía y Rafael Miguel Correa. Asimismo, rige para la exesposa de Glas, Cinthia Díaz Aveiga y Jorge Glas Díaz, hijo del exvicepresidente.

¿Qué dicen los asambleístas?

Camilo Salinas, asambleísta y jefe de la bancada del movimiento Construye, es claro al señalar que él está de acuerdo con “lo que está realizando este país”. A su juicio, es “importante que otros países ayuden a la lucha contra la impunidad y den mensajes claros de que no puede existir autoridades en función y peor, exautoridades que comenten corrupción y estén libres”, mientras “otros, ya tras las rejas”, como es el caso de Glas, “que estaba, hasta abril, viviendo en una embajada (de manera) libre”.

De esta forma, Salinas sostiene, que otros países también deberían tomar esta iniciativa, como lo ha hecho EE. UU. De esta forma, agrega, se evidenciaría de que todas las naciones deben tomar acciones por la lucha, frente a la corrupción e impunidad de manera general.

Por su parte, Lucia Jaramillo, asambleísta de Acción Democrática Nacional, se suma a lo que su colega legislador manifiesta. Añade que “los Estados Unidos es un país soberano y tiene sus decisiones”, por lo que “estas deberán ser respetadas, pues es una decisión soberana de ese estado”.

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Jaramillo señala que “la decisión de Estados Unidos es aplicada en uso de la designación 7031(c)”, la cual “se aplica a individuos con participación directa o indirecta en corrupción significativa o violaciones graves de los derechos humanos”. Por lo que, en el caso de Correa, Glas y sus familiares, “los EE. UU. no los consideran elegibles para una visa, por razones que son de conocimiento público, al ser procesados por la justicia ecuatoriana”.

Ante esto, subraya que Estados Unidos, como todo país soberano, es el que determina cuáles son los ciudadanos que admite o no en su territorio. Así como, a quiénes otorga o no la visa.

Para Marcelo Achi, asambleísta por el Partido Social Cristiano, comenta que como demócrata convencido, como ciudadano y como asambleísta es muy respetuoso de las decisiones que toma cada país. Esto, porque “Estados Unidos tiene un procedimiento legal y constitucional para (condenar) estos casos a nivel mundial, así como nuestro país también tiene un marco jurídico constitucional y legal para sancionar a los responsables de delitos contra el Estado, las instituciones y las personas”.

¿Qué debería hacer Ecuador?

Ante esto, Achi cree que es menester que los organismos de la Fiscalía le corresponden investigar y a los organismos de justicia, sancionar a los responsables de los delitos de conocimiento público. Sin embargo, las decisiones jurídicas deben garantizar un verdadero estado de derecho y, a su vez, también garantizar el estado de inocencia de las personas hasta que no se tenga sentencia ejecutoriada, expresó el legislador.

EXPRESO quiso conocer la postura de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana, pero ni Pierina Correa ni Comps Córdova ni Paola Cabezas respondieron a la pregunta.

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