Un indigesto coctel de guerra y política

“O estamos del lado de la paz y las fuerzas del orden, o estamos del lado de la inestabilidad y los enemigos de la patria”. No tienen ninguna originalidad estas palabras. Por el contrario, son vulgar y tristemente comunes. En otros momentos de la historia, declaraciones maniqueas de ese tipo han sido el preludio de épocas oscuras marcadas por atropellos y abusos de poder, cuando no por crímenes y atrocidades. Pronunciadas por un ministro de Defensa, en el contexto de una campaña de comunicación política en la que todos los secretarios de Estado cerraron filas en torno a un presidente de la República supuestamente amenazado, es imposible no tomarlas por lo que pretenden ser: una amenaza. Tolerancia cero en medio del conflicto armado interno, vino a decir Gian Carlo Lofredo en el intimidante aunque no por eso menos ridículo video de dos minutos que publicó esta semana. Con la particularidad de que la advertencia no estaba dirigida a las mafias del narcotráfico, los declarados enemigos oficiales de esta guerra, sino contra los políticos que no se alinean con el gobierno. Lo que sea que eso signifique.

“Firmeza, valentía y sobre todo lealtad”, prescribió el ministro de Defensa a la nación, como si estuviera recitando las cualidades que se necesitan para ser candidato correísta. Valores recios para tiempos recios, tiempos de guerra. A renglón seguido, definió los nuevos alcances de su conflicto armado interno: “No solamente se libra una batalla contra las mafias”, dijo, “sino también contra la vieja política, que con sus argucias legales y denuncias de siempre nuevamente pretende hacer retroceder al país”. La “vieja política”: entelequia indefinible que el gobierno parece referir a la edad promedio de su gabinete, más que a un conjunto de prácticas o de virtudes. Con estas declaraciones del ministro, la “vieja política” acaba de saltar del terreno meramente propagandístico y publicitario (donde vagamente representaba aquello que se opone a la cheveritud de las gafas, la gracia de los tiktoks y el gigantismo de las plataformas) a lo que parece ser el corazón de la seguridad del Estado. Así de arbitrario. Y todo esto (amenaza, reposicionamiento estratégico, declaración de intenciones) lo dijo el ministro (o pretendió decirlo) a nombre de las Fuerzas Armadas. Se refiere a ellas, con una falta de modestia que no debe pasar inadvertida para el alto mando, en primera persona del plural. Es sintomático y tranquilizador el hecho de que ningún alto militar lo acompañara en su video.

Quien sí se hizo acompañar por oficiales de la Policía y hasta por elementos de tropa, armados y equipados como para la defensa de un búnker, fue la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ella también grabó un video el miércoles de esta semana como parte de la misma campaña orquestada desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. “Estaremos vigilantes”, dijo, “Policía Nacional, Ministerio del Interior, bloque de seguridad en conjunto, para que no se rompa el orden establecido, no se rompa la Constitución, no se rompa la ley”. No debe ser una casualidad el hecho de que ambos, Lofredo y Palencia, repitieran una misma frase pronunciada con firmeza: “No lo vamos a permitir”. Al término de esa intensa jornada de campaña en redes sociales, que contó con la participación de todos los ministros, un terminante mensaje del gobierno quedó claramente establecido: no se admitirán veleidades políticas en tiempos de conflicto armado interno.

Detalle significativo que nadie (y el gobierno menos que nadie) parece tomar en cuenta: el tal “conflicto armado interno” es inconstitucional. Así ha sido declarado no una, sino las cinco veces que el gobierno ha pretendido, errática y torpemente, argumentarlo y justificarlo ante la Corte Constitucional, el tribunal más prestigioso del país, por no decir el único con prestigio. Los jueces de la Corte Constitucional sí han encontrado razones suficientes para aprobar las sucesivas declaratorias de estado de excepción planteadas por el gobierno para afrontar la crisis de inseguridad y contener la arremetida de las mafias del narcotráfico. Pero eso del “conflicto armado interno”, categoría del derecho internacional que supone la aplicación de las normas de la guerra, continúa pareciéndoles desproporcionado, inaplicable y, en todo caso, no debidamente justificado por el gobierno. No importa: diga lo que diga la Corte Constitucional, el gobierno sigue con lo mismo. Este miércoles quedó claro por qué: porque el cuento del conflicto armado interno es un efectivo argumento para el control político. Se trata de imponer a la política las restricciones y consideraciones de un estado de guerra, en el cual toda vacilación es sospechosa y cualquier disidencia, una traición.

Otro detalle significativo con respecto a los videos intimidantes de los ministros es el motivo que los originó: la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa por la infracción electoral de “violencia política de género”. El reclamo de la segunda mandataria es que el TCE destituya y prive de derechos políticos al jefe de Estado, y así lo solicita en su denuncia. Daría igual si pidiera que le bajaran la luna y las estrellas: su pretensión es un absurdo. La Constitución, que blinda de mil maneras al presidente, precisamente para evitar que sea tan fácil tumbarlo y aun llevarlo a juicio político, establece una serie de causales taxativas para su destitución, entre las cuales no figura (no podría figurar, sería ridículo) ninguna infracción electoral. Basta con imaginar lo extravagante que sería un sistema que pone tantas trabas al enjuiciamiento político del presidente en la Asamblea pero permite que un tribunal electoral, con el voto favorable de tres jueces, pueda destituirlo de un plumazo. Por capricho de una Verónica Abad, un Esteban Guarderas o un Pepito Mendieta cualquiera. En suma: que la vicepresidenta decida hacer el ridículo no es un intento de golpe de Estado. Pero en lugar de tratar el asunto como lo que es, un delirio, el gobierno decide aprovecharlo para justificar un irregular golpe de timón en el TCE e impartir las nuevas reglas sobre lo que pueden y no pueden hacer los políticos en tiempos de guerra. Regla número uno: no pueden oponerse al gobierno.

Lo que está claro es que el fantasma de la desestabilización y la acusación de traición a la patria van a ser (ya lo son) los argumentos dominantes de la campaña. Y que, en ese contexto, las herramientas de control político de las que podría echar mano el gobierno son ilimitadas. El presidente Noboa ya dispone, por ejemplo, de un Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) entregado no a un especialista en la lucha contra el crimen organizado, como se podría esperar en un país que libra un “conflicto armado interno” contra el narcotráfico, sino a un empresario de su confianza, un amigo cercano que fue hasta hace pocas horas su ministro de Gobierno (es decir, de la política), el evasivo y sigiloso Michele Sensi-Contugi. La inteligencia del Estado parece perfilarse más como una policía política que como una antidelincuencial.

Mientras tanto, con una falsa amenaza de golpe de Estado en medio de un conflicto armado interno inexistente, el gobierno introduce al país en un nuevo período electoral.

Ministros, ¡a tuitear!

La comunicación pública como mecanismo de control político: entre el cambio de mando en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad contra Daniel Noboa ante ese mismo tribunal, el supuesto conflicto armado interno, no aprobado por la Corte Constitucional, y el arranque del período electoral, la campaña de comunicación que se desarrolló este miércoles, con la participación de todos los ministros, fue una jugada milimétrica.

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