Juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, va a trámite
El juicio político contra Núñez fue solicitado por el correísmo, el PSC y Pachakutik, tras la suspensión de la vicepresidenta
Luz verde. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió este 22 de noviembre calificar a trámite la solicitud de juicio político presentada por Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La solicitud se realizó tras la suspensión, vía sumario administrativo, de la vicepresidenta Verónica Abad.
En un comunicado emitido por la Asamblea Nacional, se informó que también se aceptó a trámite el juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria. La Comisión de Fiscalización será la encargada de tramitar ambos procesos, según señaló el Legislativo.
Núñez fue convocada por el Pleno de la Asamblea el pasado 19 de noviembre para que brindara detalles sobre los fundamentos jurídicos en los que se basó el Ministerio de Trabajo para suspender a la vicepresidenta por 150 días. Abad, como segunda mandataria del país, fue elegida mediante un proceso democrático en las urnas. Sin embargo, la ministra no acudió a la convocatoria.
#CAL calificó a trámite los juicios políticos contra la Ministra del Trabajo y la Exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria #ComunicadoAsamblea pic.twitter.com/d49ICmVPuG
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 22, 2024
¿De qué se la acusa a Núñez?
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, enfrenta un juicio político por presunto incumplimiento de funciones, con seis causales en su contra. Estas están relacionadas con la sanción impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad, quien fue suspendida por 150 días sin salario, tras un sumario administrativo respaldado por el Acuerdo Ministerial MDT-2024-175.
Entre las acusaciones se incluye el incumplimiento del deber de garante al emitir el Acuerdo Ministerial mencionado, que resultó en la sanción a la vicepresidenta. Además, se alega que el proceso violó el principio de publicidad al establecer condiciones de reserva, restringiendo el acceso al expediente solo a las partes involucradas. También se señala la inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos.
Otras acusaciones apuntan al irrespeto de las atribuciones constitucionales, vulnerando el principio de juez natural y la competencia en el juzgamiento de infracciones. Asimismo, se acusa a Núñez de permitir la abrogación de funciones, de incumplir la seguridad jurídica, de no respetar el debido proceso, y de incurrir en discriminación y violencia de género contra Abad.
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