El juicio a Romo se evapora
La ministra de Gobierno desvaneció las acusaciones en su contra. Dos de los tres interpelantes ni siquiera fueron. La tercera no tuvo réplica.
Naufraga el juicio político contra María Paula Romo. El 2 de diciembre, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la ministra de Gobierno desvaneció, con harta fortuna, las acusaciones en su contra. Dos de los tres interpelantes ni siquiera asistieron: Roberto Gómez, de CREO, ni apareció por allí; la independiente Lourdes Cuesta, para sorpresa de todos, se fue en cuanto llegó su antagonista; y a la única que estuvo presente, la correísta Amapola Naranjo, no le quedaron argumentos para contraatacar.
Romo llegó bien acompañada: a la cúpula en pleno de la Policía, que habitualmente asiste con ella a sus presentaciones en la Asamblea, se sumó ayer, en gesto de respaldo que no pasó inadvertido para nadie, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín.
Previamente compareció el exministro del Interior y hoy legislador filocorreísta José Serrano, supuestamente para presentar pruebas de descargo, es decir, por pedido de la acusada, aunque no aportó gran cosa en su provecho. Al contrario, se entretuvo en un no solicitado informe de labores de su ministerio (que no venía a cuento) e hizo un flaco servicio a Romo durante el interrogatorio al que le sometió Lourdes Cuesta. Interesada ella en sustentar la acusación de mal uso de bienes públicos, por haberse servido la ministra de un helicóptero policial para trasladarse con su pareja a un lugar de descanso, preguntó a Serrano si alguna vez hizo él algo parecido: “Jamás”, respondió el asambleísta. Sin embargo, soltó un dato del que se sirvió la ministra: las medidas de seguridad que se aplican a un funcionario las determina un “informe de riesgo” de la Policía y, en el caso de un ministro de Gobierno, cubren los 365 días del año y las 24 horas del día.
“Mi nivel de riesgo es el máximo”, descargó la ministra. “Mi jefe de Seguridad decide cómo me movilizó, con quiénes y en qué ruta”. Yplanteó el caso desde una perspectiva que nadie había considerado: el helicóptero es solo uno de tantos vehículos policiales. “Y yo -dijo- uso vehículos policiales todos los días, ya sea cuando voy al Palacio de Gobierno o cuando voy a comprar pan”. Para abundar, proyectó un cuadro comparativo con datos sobre el uso de aeronaves policiales durante los últimos seis años. Aviones: en 2014, cuando Serrano era ministro, hicieron 1.333 viajes para trasladar funcionarios; en 2019, bajo la gestión de Romo, 78. Helicópteros: en 2.259 viajes; en 2019, 420. “Juzguen ustedes si en verdad se puede hablar de uso inapropiado de bienes públicos”, remató Romo.
Setenta minutos duró la exposición de la ministra. De pie junto a la pantalla, de la que tomaba los datos de su argumentación, con el micrófono en mano (puesta en escena que confería mayor autoridad a sus palabras), barajó una tras otra las acusaciones de sus interpelantes y tuvo respuestas convincentes para todas.
¿Negligencia en el caso Diana Carolina, la mujer apuñalada por su pareja, en Ibarra, frente a un grupo de policías que no supo hacer uso de la fuerza? “La Asamblea ya examinó ese caso”, respondió Romo, y aprobó en enero pasado una resolución en apoyo de la Policía. A esa actuación desafortunada de la fuerza pública, ella opuso cinco casos en los que se logró efectivamente impedir el cometimiento de feminicidios.
¿Incumplimiento de funciones en la aplicación de la ley contra la violencia de género? El ente rector de ese sistema es la Secretaría de Derechos Humanos. Al Ministerio de Gobierno le corresponde coordinar la realización del Registro de Víctimas. Y cumplió. Capacitar a jefes y tenientes políticos para dictar medidas cautelares. Y cumplió.
¿Negligencia en la administración de los centros de rehabilitación? “Desde hace 37 años las cárceles no son competencia del Ministerio de Gobierno”.
Y así, una por una, María Paula Romo desestimó todas las acusaciones. No hubo réplica. Quizá la presencia de los interpelantes habría elevado la temperatura de la jornada. Pero ni siquiera. Su significativa ausencia parece dar por hecho lo que en la Asamblea se sospecha: el juicio político está perdido. Por mal planteado y peor defendido.
Testigos
La fiscal se excusó
Para mayor infortunio de los interpelantes, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que misteriosamente había sido llamada para declarar en el proceso, se excusó por escrito. Precisamente en esta semana se encuentra fuera del país en comisión de servicios. La Comisión de Fiscalización tendrá que decidir sobre la base de lo que tiene. Y lo que tiene es poco.
