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El secretario de la Asamblea refirió que al no acoger el fallo el orden de los juicios no se verá afectado.CORTESÍA Asamblea Nacional

Juicios políticos en la fila: ¿el fallo judicial alargará la pausa de trámites?

Los asambleístas regresan de la vacancia la próxima semana. Una decisión judicial tiene en vilo el trámite de los juicios

El receso legislativo de la Asamblea Nacional termina el 2 de septiembre y el 3 se retomarán las actividades. Hay expectativa por lo que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pronuncie sobre la sentencia del juez de Quitumbe, Édgar Romero.

El magistrado notificó el 29 de agosto con la sentencia escrita a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, al presidente de la Asamblea Henry Kronfle y a la oficialista Inés Alarcón, quien planteó la acción de protección.

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Romero aceptó el recurso indicando que se vulneró los derechos al debido proceso respecto a tres solicitudes de juicios políticos en contra de Sebastián Corral, exsecretario General de Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía; y Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, que Fiscalización archivó por el retiro de firmas de respaldo.

Daniel Salcedo

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La decisión judicial ordenó que se retrotraiga lo actuado hasta el momento en el cual tuvo lugar el retiro de firmas y que se continúe de forma inmediata con el trámite de esos pedidos. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, ya informó que la postura institucional es no acatar el fallo judicial.

Tras el archivo de las tres solicitudes, continuó el juicio contra la canciller Gabriela Sommerfeld que el Pleno archivó. Luego continuó el juicio contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que inició en Fiscalización el 7 de agosto y tras el receso debería continuar con la actuación de pruebas.

Plazo para cumplir la sentencia

Romero ordenó que en el plazo no mayor a 48 horas, contados desde la notificación, la presidencia de la Comisión de Fiscalización debe informar sobre el cumplimiento de esta sentencia. Palencia también exigió a la Comisión que certifique el cumplimiento del fallo.

Alarcón planteó un recurso de aclaración a la sentencia para que el juez precise si los procesos de juicios políticos que ya obtuvieron una decisión de Fiscalización, pasaron al Pleno y fueron resueltos, deben o no ser reactivados. También consulta si los procesos de juicios políticos que se encuentran en fase de sustanciación deben suspenderse o continuar.

Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, considera que si se acata el fallo el juicio contra Palencia se suspendería sin que desaparezca el juzgamiento. “Lo lógico sería que exista un pronunciamiento del CAL, pero parece que se están escondiendo y tirando toda la pelotita a Fiscalización”.

El CAL, además, debe resolver sobre la solicitud de la fiscal Diana Salazar de reactivar el juicio en su contra. “Son 137 voluntades que no se han manifestado sobre esta sentencia, se puede conocer en el CAL, pero se debería poner a debate en el Pleno”, según Eckenner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea.

Postura de los legisladores sobre el fallo

La asambleísta correísta Patricia Núñez respalda el rechazo a la sentencia y cree prioritario avanzar con los juicios, sobre todo el de la fiscal. El socialcristiano Lenin Rogel dijo que su bancada se reunirá el lunes para analizar este tema de la sentencia, pero le preocupa la intromisión y la “pelea entre dos funciones”.

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Camilo Salinas, de Construye, señaló que entre las otras bancadas deberían resolver porque “se repartieron la Asamblea”. “Nosotros no tenemos presencia en Fiscalización, en el CAL tampoco tenemos una representante, (Alexandra Castillo) fue cooptada por el Partido Social Cristiano. No tenemos información. Estamos expectantes. Aquí hay una pelea de compadres, tienen que resolver lo que corresponda a ley”, expuso el legislador Jorge Peñafiel.

Esteban Ron, constitucionalista, explicó que el juicio a Palencia debe continuar porque no hay una opción legal para hacer una recalendarización, pero que lo primero es resolver si acatan o no la sentencia con un acto legislativo, más allá de declaraciones aisladas, en el Pleno o el CAL.

Juan Cuvi, analista político, ve que hay una confrontación y una estrategia de los asambleístas que se relaciona a lo electoral. “Necesitan tener un pretexto para, de alguna manera, reforzar su campaña (electoral)”.

El secretario de Comunicación de la Asamblea indicó que aún no hay contestación a la apelación presentada por el Legislativo respecto al fallo judicial.

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El 29 de julio, el CAL calificó a trámite el juicio contra Johanna Verdezoto, entonces consejera y ahora actual vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El 8 de agosto calificó el juicio contra Ángel Maldonado y Joaquín Viteri, jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Todos pasaron a Fiscalización y está pendiente el avoco de conocimiento.

El 13 de agosto el CAL conoció las solicitudes de juicio contra Andrés Fantoni, titular del CPCCS y Mishelle Calvache, exvicepresidenta que ahora es binomio de Jan Topic por SUMA.

Está pendiente que el CAL conozca el informe de cumplimiento de requisitos de procedibilidad. Así lo indicó Eckenner Recalde, miembro del CAL. Señaló que esta instancia podría reunirse el 3 de septiembre para conocer el informe de la Unidad Técnica Legislativa, pero la convocatoria depende de Kronfle.

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