Sin garantía de pago, la ley energética pierde espíritu

Entre la espada y la pared. Así se encuentra Ecuador. En una esquina, no llueve. Sin este recurso, la generación de electricidad por parte de las hidroeléctricas no es factible. En otra esquina, el país necesita de empresas que quieran generar energía renovable para abastecer a la población. Pero la próxima ley energética pierde valor sin las garantías de pago, aseguran expertos en electricidad.

El nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo, denominado Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, tenía tres puntos importantes, sostiene Rodrigo Quezada, director y fundador de Arqo Projects Partners, firma especializada en alianzas público-privadas e inversiones. Estas eran: ampliar de 10 a 100 megavatios (MW) los proyectos de inversión, los incentivos para ello y las garantías de pago. Pero este último aspecto ya no consta, fue suprimido, lo que “vuelve complejo y difícil” que las empresas energéticas quieran invertir “por las condiciones que hay en el país”.

Y es que con la mala fama que tiene Ecuador de ser pésimo pagador, nadie quiere contratar con el Estado ecuatoriano, asegura Erick Benites, experto en electricidad. “Ni con Petroecuador, entidad con la que antes todos querían trabajar”. Más aún, agrega, cuando se evidencia que el Estado tiene una gran deuda con las prestadoras de servicios médicos, así como con otros proveedores. Justamente por eso, las empresas que quieren invertir en el país necesitan una garantía para su inversión; pero sin esta acción no será posible celebrar contratos, como sucede con la licitación que las empresas ganaron para la generación de energía renovable (500 MW), que duerme desde hace meses.

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Valoración de la norma

Por lo que la normativa solo quedará como una buena intención. Así como ha sido reformada de su original intención, “la ley no sirve para nada”, afirma Enrique Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, porque el mayor problema que se tiene es el pago. Sin embargo, el asambleísta Blasco Luna, perteneciente a la bancada de la Revolución Ciudadana, sostiene que se ha opuesto a la garantía de pago porque sería firmar “un cheque en blanco”, ya que de esa forma el Estado se comprometería “a priorizar y a pagar lo que estas empresas pidan por kilovatio de hora que generaron”.

Pero eso no es así, expone Santos, “eso es un absurdo”, ya que se mide tres veces la electricidad que entregan: cuando sale de la planta, cuando ingresa a las líneas de transmisión y cuando va a la línea de distribución. “Por lo que solo se paga lo que se recibe”. Agrega que el precio por kilovatio/hora recibido está establecido en el contrato, “pero el problema es que el Estado nunca paga”, insiste.

Lo que pudieron haber hecho para garantizar la soberanía ecuatoriana y lo que dicen las normativas, sugiere Benites, es que en el proyecto se refuerce que la tarifa la pone el Estado y así no se desincentivaba al inversor, ya que se le ofrecía la entrega de la garantía. No obstante, sin la inversión privada, comenta el ingeniero Ricardo Buitrón, consultor en temas energéticos, el país no va a lograr para el 2032 llegar a los 6.000 MW que requiere que se instalen.

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¿Hay intereses de por medio?

No obstante, Benites expone que uno de los motivos por los que no apoyan esta iniciativa es que no quieren transparentar diversos índices, como de pérdida de energía comercial, facturación, recaudación, entre otros. ¿Por qué? Porque se mostraría en qué se utilizó el dinero que debió usarse para mejorar los indicadores, es decir, transparentar a los comités de empresas. Muchos de los recursos se utilizan para pagar las denuncias que los empleados ganan ante la Corte Constitucional, entre ellos, restituciones y retroactivos, denuncia.

Es decir, hay grupos políticos que están interesados en mantener el statu quo de las distribuidoras, sostiene Quezada: beneficios y prebendas que tengan con los proveedores. Es por esto que cree que la ley será letra muerta o quedará en un “veremos para cuando haya mejores condiciones políticas”.

Por ello Buitrón cree que urge que en este proyecto se incorpore la obligatoriedad de que se cumpla el plan maestro de electricidad, ya que debe ser vista como una “medicina a largo plazo”. Así asegura que tanto las instituciones públicas como privadas van a tener que cumplir con los procesos.

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Desacuerdos

Negociados

El asambleísta Blasco Luna denuncia que los contratos de las barcazas y de generación térmica son muy costosos.

Orden

Las distribuidoras deben tener un mecanismo que asegure el pago puntual y a tiempo de las planillas.

Inversión

Luna indica que solo se necesita voluntad política para buscar alianzas con empresas que den energía por 20 años.

Realidad

El proyecto Santiago, señala Santos, no es viable a corto plazo. Debe superar impacto ambiental.

Recursos

Para los expertos, la normativa no va a solucionar inmediatamente la crisis energética que afronta el país.

Soberanía

El Estado es dueño de los recursos, pero debe garantizar la inversión, aclara Benites.

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