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Exvocal de la Judicatura Xavier Muñoz
Exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, pidió disculpas públicas por haber fallado como funcionario público, este 8 de octubre del 2024.Corte Nacional de Justicia

El mensaje de la pena reducida: ¿impunidad o eficiencia procesal?

Abogados y jueces con opiniones opuestas sobre la figura del procedimiento abreviado

Menos de dos minutos le tomó a Xavier Muñoz cumplir con otra parte de su sentencia, ayer, frente al juez Vinicio Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia. El exvocal del Consejo de la Judicatura dijo en resumen: “extiendo mis sinceras disculpas públicas al pueblo ecuatoriano, al sistema judicial y a Walter Macías. En mi calidad de funcionario fallé e incumplí con mis deberes”.

El viernes pasado, Muñoz recuperó la libertad. Fue apresado el 28 de diciembre del 2023 y pasó nueve meses y seis días en prisión, por obstrucción a la justicia. Se acogió al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, en el caso Independencia Judicial. Él confirmó que Wilman Terán, extitular de la Judicatura, tenía un plan para dejar de lado a Walter Macías, juez a cargo de un caso de tráfico de influencias, y para anular la sentencia del expresidente Rafael Correa, en el caso Sobornos. 

Las figuras han sido usadas por el exvocal Muñoz, por exjueces y exasambleístas como Daniel Mendoza o investigados en el Caso Metástasis como Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte del Guayas, quien trabajó con el narcotraficante Leandro Norero. También por Daniel Salcedo, implicado en este caso y en el escándalo de sobreprecio en la compra de medicinas e insumos.

Para el abogado penalista Wilson Velasteguí, el procedimiento abreviado y la cooperación eficaz se han prostituido. Le parece que “delincuentes se han burlado de la ley. Vemos a jueces que se acogen y en lugar de pasar en la cárcel unos siete años, su pena es de 20 meses”.

Las opiniones sobre la figura

Otra es la opinión del abogado Ramiro García, quien explica que con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en 2014, el sistema procesal penal le apostó al eficientismo, a penas rápidas aún cuando fueran reducidas, para disminuir el margen de impunidad.

Como contraparte, indicó, se administran penas proporcionalmente menores, luego de la negociación. La ventaja es que el reconocimiento de los hechos de parte del acusado le brinda a la Fiscalía una estructura probatoria, lo que evita esa disputa hasta el final del juicio.

Para el también catedrático, más que la pena grave o larga, hay que considerar que lo que realmente disuade de cometer delitos es la certeza de que se aplicará la ley. Para el abogado más que hacer que un delincuente pase años en la cárcel, lo importante es que se establezca un precedente. “Que Xavier Muñoz pase nueve meses privado de la libertad, luego de haber sido vocal de la Judicatura, va en función de la teoría de prevención negativa”, dice García. Por lo que opina que el cumplimiento de una pena, aunque sea reducida, inhibe a la sociedad de cometer delitos, ya que finalmente se castiga la conducta delictiva.

Gabriel Rivera es abogado y fue exasambleísta en la época en la que se aprobó el COIP. Él pide observar que esas figuras jurídicas que trajo el COIP se usan en la región y en el mundo, en Colombia, Perú, Brasil o Estados Unidos. Son mecanismos de procedimiento que utilizan los países a fin de encontrar la manera de sancionar delitos.

La definición del procedimiento abreviado es tautológica. La audiencia preliminar y de juicio se hacen juntas y el Estado ahorra tiempo y recursos, ante un procesado que acepta su delito y evita pasar por todo ese proceso y recibe una recompensa en régimen penitenciario al que se somete y el tiempo de la pena, dice Rivera.

Se prostituyó la figura, que está al servicio de la política. Es una burla, en casos más mediáticos.

Wilson Velasteguí

Abogado

La visión de un juez 

Por su lado, el juez Carlos Dávila explica que la figura permite una negociación entre el fiscal y la defensa técnica del procesado. El requisito es que lo juzgado no sea delito sexual o que exceda la pena de 10 años. Se puede aceptar el acuerdo antes de que se termine la instrucción fiscal, en la que se hallan elementos de culpabilidad.

El juez acepta que el hecho de que se otorgue el tercio de la pena causa alarma social, pero recuerda que incluso la Procuraduría General del Estado podría oponerse. “En casos de narcotráfico es usual que se acojan y acepten el cometimiento del delito para reducir la condena”.

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