Mineros de Zamora Chinchipe piden que se realice un censo

La Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Ley de la Consulta Popular y Referéndum recibió este 19 de junio de 2024 en comisión general a tres representantes de la minería ancestral de Zamora Chinchipe.

Los representantes pidieron a los asambleístas que tomen en cuenta la situación de los gremios mineros de esta provincia en el informe para segundo y definitivo debate de las reformas.

Juan Tapia, residente de la Unidad Provincial Minera, dijo que existen ciertos vacíos en el proyecto de reformas porque no se considera que hay sectores que por décadas piden la regularización de la minería informal. Tapia reconoce que permanecer en la informalidad se presta para que detrás se escondan actividades que no son provechosas.

Dijo que no piden que se reduzcan o aumenten penas, sino que en la comisión considere que hay una realidad histórica minera ancestral que debe ser atendida y legalizada para tener las garantías de que la aplicación de las reformas sean puntuales.

En Zamora hay más de 10 mil personas que trabajan en pequeña minería y minería artesanal. Todos se encuentran preocupados, enfatizó.

“Es necesario un censo minero urgente a nivel país y eso ayudaría a la provincia a que la Asamblea garantice la aplicación de la ley y el Gobierno garantice que la actividad minera sea amigable con el medioambiente”, solicitó Tapia.

Paúl Pineda, presidente del Distrito Minero Chinapintza, explicó que existe un censo del 2010 para todos los mineros del país y el Decreto Ejecutivo 330 con una transitoria para que se regularice a los mineros en un plazo de 180 días. Pero eso hasta este año no ha sido cumplido por el Estado, cuestionó.

Señaló que les preocupa que se aprueben reformas para incrementar penas de forma desproporcionada porque la provincia es eminentemente minera. Si el proyecto se aprueba sin considerar la situación de los mineros, también se afectará a los agricultores que recurren a los laboratorios mineros que hay en la provincia para el estudio de suelos, advirtió.

Para Carlos Castillo, representante de los Mineros Aluviales, el Gobierno pretende contrarrestar y alcanzar la seguridad ciudadana criminalizando la actividad minera, especialmente la artesanal.

Dijo que la minería aluvial ha generado una importante cantidad de plazas de trabajo, pero criticó que los últimos Gobiernos se desentienden de esta realidad.

Si el proyecto se aprueba tal como fue enviado por el mandatario, el efecto sería la migración y el desempleo, según el dirigente. Por eso pidió a la comisión que realicen un tratamiento muy riguroso.

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