Noboa objeta totalmente reformas judiciales de la Asamblea
El veto total fue remitido la tarde del 28 de mayo a la Asamblea Nacional
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envío el veto total al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), así lo confirmó este 29 de mayo de 2024 la Asamblea Nacional.
El documento fue receptado el 28 de mayo, a las 18:56. Fue un envío rápido, luego de que Ejecutivo recibió de la Asamblea ese mismo día la notificación con el proyecto.
“Objeto totalmente el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial”, plasmó Noboa en el documento.
El proyecto contenía 25 reformas, una de ellas referente a permitir que vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) se acojan a una licencia sin sueldo en casos de tener prisión preventiva o arresto domiciliario. Esto constaba en el artículo 23 del proyecto en análisis, en donde se agregó como último inciso del artículo 258 del COFJ.
El mandatario argumentó que las reformas deben ser construidas con la mayor participación y análisis de los actores de la Función Judicial, con la finalidad de no violentar la independencia judicial.
Los principios de la administración de justicia, y los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana que se buscan incluir con la reforma propuesta, ya se encuentran regulados y dispuestos en la normativa vigente, expuso Noboa.
El Ejecutivo se opone a las reformas “ante la real ocurrencia de un problema regulatorio, a fin de no crear sobre regulaciones que violenten la seguridad jurídica”.
El gobierno se refirió particularmente a la reforma que causó mayor crítica, el artículo 23 del proyecto en análisis. Esta disposición, para el Ejecutivo, es contraria a lo señalado en la Constitución.
“Ningún servidor judicial probo en el ejercicio de sus funciones debería encontrarse involucrado en actos que sean contrarios a la ley; más bien, se debe propender a que ejerzan sus funciones y atribuciones a cabalidad, velando por una adecuada administración de justicia, y que todas sus actuaciones se encuentren enmarcadas en la ley”, argumentó el Ejecutivo en el veto.
En el documento de la objeción total se concluye que el proyecto de ley propuesto no es conveniente para los intereses del país. “Al encontrarnos en medio de un conflicto armado interno y estar en lucha directa contra la corrupción, la propuesta es contraria a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano”, justificó el mandatario.
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