La nueva cárcel, una promesa que se desvanece con el tiempo

A seis meses de gestión y tras la ola de críticas al incumplimiento de promesas, el Gobierno dio una tibia respuesta sobre la construcción de nuevas cárceles. El presidente Daniel Noboa no se refirió a este tema en su Informe a la Nación.

El 11 de enero, Noboa presentó los diseños aprobados para la edificación de dos megacárceles, una en Santa Elena y otra en Pastaza. Cuatro meses después solo se habla de una cárcel.

“Una de las cárceles está en proceso de iniciar la construcción (en Santa Elena), está financiada ya, esto es algo que me confirmaron el día de ayer (26 de mayo). Están pendientes todavía ciertos temas legales, donde se sitúa la cárcel, pero avanza ese proceso. Incluso, entiendo que ya hay contratistas designados o está el proceso de contratación por terminarse”, afirmó el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, el 27 de mayo ante la consulta de la prensa.

EXPRESO consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) sobre la etapa real en la que se encuentra esta obra. “La información ha sido declarada como reservada”, respondió.

Sandra Rueda, asambleísta de Construye, integra la Comisión de Seguridad. Luis Zaldumbide, director del SNAI, en una comparecencia informó que la cárcel de Santa Elena está “en proceso de estudios, contratación y reservado un presupuesto específico”, dijo la legisladora.

No refirió el valor del financiamiento ni fecha de inicio ni terminación, añadió. En el Servicio Nacional de Contratación Pública no se registra ningún gasto presupuestario del SNAI relacionado con algún proceso para la construcción de la cárcel.

Luis Córdova, experto en Seguridad, explicó que Noboa impulsa un modelo de populismo penal. Es decir, ofrece mano dura como medida inmediata para resolver un problema que es estructural, la criminalidad y la violencia, que en realidad necesita una solución a largo plazo.

“El encarcelamiento masivo, que nació impulsado por el expresidente Rafael Correa, desencadenó que al incrementar la población penitenciaria se tenga un caldo de cultivo para economías criminales que consolidaron estructuras dentro de las cárceles”, argumentó.

Se debe resolver el problema con una política criminal integral y política económica que cambie las condiciones de vida de los segmentos poblacionales, que son reclutados por los grupos criminales, pero hay inacción; el mandatario piensa a ritmo de la campaña política y con una comunicación de propaganda política para su reelección, evaluó. La criminalidad no se va a resolver con más cárceles y más militares, acotó.

Hay otro problema, dijo, que mientras avanza el tiempo le está entregando mayores prebendas al poder militar en medio de una enorme opacidad, lo que reproduce círculos de corrupción en las instituciones de seguridad.

Las reformas aprobadas en la consulta popular, que se tratan en la Asamblea Nacional, tampoco resolverán el asunto porque no hacen falta penas, sino que no hay mecanismos óptimos para implementar esas sanciones si no se depura el sistema judicial y entidades de seguridad, evaluó. Así, se reproducen círculos viciosos para la impunidad.

Torres dijo que el Gobierno olvidó referir en el Informe a la Nación que no se ha vuelto a tener crisis carcelarias en estos seis meses, como producto de las acciones para retomar el control.

Para Juan Manuel Fuertes, analista político, Noboa solo instala relatos convenientes que pugnan con la realidad. “Sería absurdo pretender que el Gobierno solucione un problema de esta magnitud en el corto plazo. Lo repudiable es que se instale esta posverdad de que el país ha superado el caos provocado por la violencia”, cuestionó.

Bajo ese contexto, ofrecer nuevas cárceles “no constituye una solución”. Combatir el problema es complejo, pero el Gobierno acosa a la ciudadanía desde lo propagandístico y pasa a ser una demagogia que oculta una gran improvisación, concluyó.

CÁRCELES

Falta de servicio de alimentos 

La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a garantizar los derechos de las PPL. La asambleísta Rueda dijo que se está considerando hacer un recorrido por las cárceles para verificar la falta de alimentos. El valor que se paga por las tres comidas es ínfimo y la ganancia casi nula, por lo que no habrá empresas interesadas en ofrecer el servicio, según la legisladora.

Detenidos

Del 22 al 26 de mayo, hubo 542 detenidos tras el último estado de excepción focalizado en siete provincias y un cantón, según el Eje de Seguridad.

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