Las organizaciones políticas no logran independizarse económicamente del Estado
Grupos muestran que forman gente con dinero público. Expertos resaltan que no hay frutos. La mayoría no logra autofinanciarse
La independencia económica de las organizaciones políticas nacionales del país está en discusión en la palestra pública. El Estado ha financiado parte de las responsabilidades de estos grupos. Sin embargo, ¿todavía debe hacerlo o debe ya quitarle las asignaciones públicas?
Son dos las fuentes de financiamiento estatal que actualmente existen para el desenvolvimiento de las tiendas políticas: el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente. Los expertos consultados por EXPRESO concuerdan en que el primero debe mantenerse, pero no el segundo.
Desde las elecciones generales de 2009 hasta las anticipadas de 2023, el Estado ha entregado 23’686.576,86 dólares solo por concepto de Fondo de Promoción Electoral para los binomios presidenciales. Para Wilmer Suárez, director del Observatorio Territorial multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro, solo este recurso cumple su función: democratizar la franja publicitaria. Por lo que, a su criterio, debe permanecer.
No así el otro fondo. ¿Por qué? Por la falta de control que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los partidos y movimientos nacionales para que estos usen los recursos únicamente para lo que determina la ley, argumenta Alfredo Espinosa, analista político y experto en Estudios Latinoamericanos.
¿Para qué es el Fondo Partidario Permanente?
La partida del Fondo Partidario Permanente proviene, de acuerdo con el artículo 355 del Código de la Democracia, de las multas que recaude el CNE y suplementariamente de aportes del Presupuesto General del Estado, pero lo equivalente al cero coma tres por mil de los egresos fiscales constantes del mismo.
Aunque este recurso debe ser utilizado exclusivamente para actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para el funcionamiento institucional, es justamente en eso en lo que se centra el problema, concuerdan los expertos. Para Espinosa, no existen respaldos de que utilicen los recursos públicos en eso.
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¿Qué hacen las organizaciones con ese dinero?
Y es que aunque, por lo general, más del 50 % de los recursos los utilizan para cubrir el funcionamiento institucional, Espinosa se pregunta: ¿dónde están las sedes de estas tiendas (alrededor del territorio) y su matriz? Nadie lo sabe, dice. También se desconoce de sus capacitaciones y formaciones políticas a sus cuadros, afiliados y adherentes; así como información de su malla, la metodología, la doctrina o si estudian el procedimiento parlamento y las leyes.
Es por eso que la fiscalización, subraya Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, debe ir más allá del buen uso de los recursos; también debe verificar si se cumple la capacitación y formación de las bases.
Es por esto que, para Suárez, este recurso público para las organizaciones debe suprimirse, porque no capacitan a nadie. Además, ¿dónde están las investigaciones y publicaciones? Espinosa afirma que eso no tiene nada que ver con las hojas, pasquines y boletines que entregan en época electoral, sino con un libro, ‘papers’, trabajos intelectuales. Pero “no existe nada de eso”. Ni siquiera cuentan con una página web donde se pueda ver qué hacen con el dinero del Estado, no hay transparencia, advierte.
Según datos del CNE, a las organizaciones les han asignado 53’962.589,37 dólares desde 2012 hasta 2022. Sin embargo, a lo largo del tiempo el monto ha ido disminuyendo.
En 2014, el Estado desembolsó 8’040.448,96 dólares para seis agrupaciones. En esa época, el CNE había aprobado el funcionamiento de 14 tiendas políticas nacionales. Y 2022 es el año con menor asignación 2’069.079,99 dólares a cuatro organizaciones, de las 21 aprobadas.
Espinosa menciona que eso comprueba que tienen una baja representación y poco respaldo político del electorado, debido a la escasez de votos que obtienen en los comicios.
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¿Qué se debería hacer?
Por ello, Suárez sugiere que pase a ser un fondo concursable para que las universidades formen a quienes se postulen por una tienda política. De esta forma se lograría el objetivo: la profesionalización de la política, afirma. Y a su vez, debería ser un requisito para los candidatos, para que cumplan con las horas de formación.
Pero recaudar fondos propios para su funcionamiento es algo que tampoco logran. Para Alarcón, el desarrollo de los grupos nacionales no debería depender de los fondos públicos, ya que si tienen una base de 200.000 personas, y si cada uno da $ 1 mensual, tendrían $ 2,4 millones al año, “dinero más que suficiente”, pero “se han acostumbrado a los recursos públicos, por lo que la organización no financia nada”.
En los informes de 2023 que las tiendas nacionales han entregado, Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID) indican que, sin dinero público, han invertido en formación y capacitación, aunque PK no lo ha hecho en publicaciones ni en investigación, mientras que la ID no invirtió en investigación.
El resto, como Concertación, Mover, RETO, Partido Unidad Popular, Partido Sociedad Patriótica, Avanza, Construye y Pueblo, Igualdad y Democracia, de los recursos obtenidos de manera privada, no han invertido en formación ni capacitación de su gente. Otros aún no entregan la documentación, como Centro Democrático, Amigo y el Partido Socialista Ecuatoriano.
El financiamiento mixto de la política se da desde antes de la Constitución de 2008, recalca Alarcón; pero no tiene que ser vigilado solo por el CNE. De haber peculado, es decir mal uso de fondos públicos, debería ser fiscalizado por la Contraloría y la Fiscalía, manifiesta.
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