La frontera permeable ayuda al incremento de hectáreas de coca

Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos serían las provincias de Ecuador donde existirían aproximadamente 2.000 hectáreas de hojas de coca. Sin embargo, ¿cómo el país llegó a tener tal cantidad de plantaciones? ¿Ecuador ya puede ser catalogado como un productor importante de plantas de coca?

Según los datos del Informe Geoespacial de Cultivos Ilícitos en la Frontera Norte de Ecuador, emitido por la Oficina de Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Gobierno de Estados Unidos, Ecuador lo es. Para expertos en seguridad que conversaron con EXPRESO, la cantidad señalada, teniendo en cuenta el contexto internacional, es pequeña; no obstante, genera alarmas.

El problema tiene varias aristas, empezando por “el barrio súper peligroso” en el que cohabita, señala Carla Álvarez, experta en seguridad, defensa y estudios políticos, y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Comenta que en Colombia hay 240.000 hectáreas de coca, en Perú 95.000 y en Bolivia 29.900.

A pesar de ello, es difícil saber con precisión cuántas hectáreas de coca hay en el territorio ecuatoriano, señala Álvarez. Esto porque el país no cuenta con una oficina de seguimiento y monitoreo de áreas cultivadas como tienen otros países, los cuales usan metodologías determinadas por la Organización de las Naciones Unidas. Aun así, con la actual cifra “difícilmente llegamos a competir”.

De acuerdo con declaraciones del presidente Daniel Noboa en cadena nacional el lunes 14 de octubre de 2024, “estas plantaciones comenzaron hace aproximadamente tres años”. Sin embargo, un estudio publicado en 2020 ya anunciaba que en el país había 700 hectáreas de este tipo de cultivo, información que correspondía a 2018, afirma la docente.

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¿Desde cuándo se cultiva coca en Ecuador?

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, esta problemática data de 1980. Desde ese entonces hasta 2003, éramos un país de tránsito de la droga. De 2003 hasta 2012, el territorio se transformó en un centro de acopio con plataformas internacionales de distribución. Del 2013 al 2017 pasó a ser un país de procesamiento, con plantaciones, laboratorios y maquinarias de procesamiento. Y luego de ese año hasta la actualidad, Ecuador se convirtió en la principal plataforma de exportación de la cuenca del Pacífico, sostiene.

Pazmiño considera que el que ya existan 2.000 hectáreas de coca es preocupante, porque el mensaje que se está dando es que ya tenemos producción de cocaína y, a su vez, mayor presencia de organizaciones delictivas para proteger los sembríos y en las operaciones de salida de este producto en los puertos.

¿A qué se debe esta producción ilegal en el país?

A su juicio, este crecimiento se debe a que los “gobiernos anteriores fueron muy permisivos para que estas organizaciones delictivas internacionales se instalen”.

Las Fuerzas Armadas descuidaron las fronteras al tener que atender obligaciones que no les correspondían dentro del territorio ecuatoriano, subraya Jairo Valenzuela, abogado y experto en gestión de riesgo y manejo de emergencias.

Por ejemplo menciona los estados de excepción que todos los presidentes han dictado y por los cuales los militares han abandonado su principal tarea. A su criterio, esta ha sido una mala decisión, que aún es tomada por los gobiernos de turno.

Esto, a pesar de que “siempre se les indicó que el ingreso de drogas estaba en la frontera con Colombia”, por lo que era necesario fortalecer esta zona con equipos de tarea conjunta, que patrullen permanentemente, expresa Pazmiño. A su vez, cree que no ha existido una política clara para combatir al crimen organizado, ni un control eficiente en estos sectores.

¿Cómo se lo podría combatir?

Por lo que ahora al Estado le toca cumplir la tarea que no ha hecho: monitorear, hacer seguimiento de cultivos, vigilar con drones e incentivar el empleo, sugiere Álvarez. Pero para ello se requiere inversión.

Pazmiño añade que es fundamental erradicar las plantaciones identificadas, reforzar las tareas de detección a través de una fuerza de tarea conjunta que cubra las fronteras norte y sur, militarizar temporalmente los puertos y que las fuerzas del orden hagan presencia disuasiva permanente en el territorio, las 24 horas.

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Además, cambiar la estrategia de ser reactivos y no preventivos, dice Valenzuela, porque el siguiente paso podría ser que haya secuestros de jóvenes para que ingresen a estos grupos.

Ante ello cree que el apoyo estatal es fundamental, porque muchos de los campesinos, al no tener recursos para invertir en sus productos, “aceptan esta opción”. Sin dejar de lado las responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ya que son ellos, señala, los que deben estar verificando cuál es el uso de sus suelos, al igual que el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Otra obligación para el Gobierno sería aumentar el número del personal militar, que ahora está saturado por la cantidad de misiones que les han añadido, como el control de las cárceles, advierte Pazmiño.

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