Prevención de la violencia de género: ¿qué está haciendo en Ecuador?

Las tareas para prevenir la violencia de género en Ecuador son abundantes; sin embargo, para varios colectivos consultados por EXPRESO, en el país falta voluntad política. Para estas agrupaciones lo primero que debe hacer el Estado es permitir el acceso a las cifras, no ocultarlas.

Educación Integral Sexual (EIS), un programa para adolescentes, cuyo objetivo es detectar y eliminar los estereotipos de géneros para que luego no sean detonadores de violencia de género; programa para que el personal de salud del Ministerio de Salud Pública para puedan identificar a las víctimas de violencia género y cómo apoyarlas; o la formación de orientadoras o lideresas comunitarias, en barrios marginales de Guayaquil, para que detecten alertas de violencia y a su vez puedan prevenirlas, son algunos de los proyectos que lleva a cabo Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de las Mujeres (Cepam). Estas son algunas de las iniciativas que realiza esta organización no gubernamental, sin fines de lucro; pero es el Estado el que está obligado a hacer estas campañas, sostiene Paulina Cabrera, psicóloga de Cepam Guayaquil.

El deber y la responsabilidad de prevenir la violencia de género le pertenece exclusivamente al Estado, enfatiza Anis Saleh, presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), no a las organizaciones. Esto, porque es el Gobierno Nacional a través de sus entidades públicas el que tiene que garantizar que la política pública de prevención se efectivice.

¿Qué está haciendo Ecuador en temas de prevención?

Para los representantes de diferentes colectivos, el Estado sigue manteniendo una tarea pendiente, una a la que no está prestando atención. Esto, porque no le es prioritario este tema, denuncia Jhonny Molina, director de la Casa de Acogida de Mujeres ‘Oasis en el Desierto’; “no conozco un programa liderado por entidades gubernamentales para prevenir la violencia como tal”.

Y es que si el año pasado, de acuerdo con datos presentados por las organizaciones de la sociedad civil para el mapeo de los feminicidios, Ecuador cerró con 321 casos de femicidios; desde enero hasta el 15 de noviembre de 2024, el país registra 214 muertes violentas por razones de género; de los cuales el 60 % de los feminicidios fueron realizado con armas de fuego. De estos casos, al menos 119 menores quedaron en orfandad.

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Por otro lado, desde 2014, existen 1.920 mujeres, adolescentes y niñas que han sido asesinadas violentamente; en los cuales, 1.817 perdieron a sus madres.

El Gobierno central y la violencia política de género

Para Molina que el actual régimen se ha mostrado como un generador de violencia política de género; refiere el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, por lo que, a su criterio, desde ese puesto de poder, desde la Presidencia, se ha evidenciado la reproducción del machismo en el Estado.

Es por esto por lo que, aunque el Estado ha emitido leyes y ha realizado reformas legales para la prevención de este delito, María de Lourdes Maldonado, presidenta de la Fundación Dignidad y Derecho, determina que falta ver soluciones efectivas. Es por esto por lo que los avances en cuanto a normativa, en la práctica, son letra muerta.

Maldonado denuncia que no se investigan con celeridad los casos de violencia de género, tampoco se toman medias para proteger a las víctimas ni el Estado cuenta con personal capacitados. A eso le suma que no hay espacios seguros, centros de acogida, donde las victimas puedan ser protegidas.

Es por esto por lo que Cabrera reclama que el Estado debe hacer su trabajo, ya que las cifras van en aumento. Además, que también se evidencia un retroceso en la política de prevención porque no se asignan los recursos correspondientes, denuncia Molina, por lo que lo que agende los Consejo Nacional para la Igualdad de Género, sin los recursos, son “un saludo a la bandera”. Por lo que, a su juicio, en lugar de que haya mejorar, la realidad va empeorando.

Más aún cuando, el mismo Estado oculta los datos, indica Saleh. Por lo que reclama que haya una terriorización de las normativas.

¿Los municipios están haciendo algo?

A pesar de ello, Molina considera que varios gobiernos locales, entre ellos el de Milagro y el de Guayaquil están trabajando en el tema. Por ejemplo, el Municipio de Guayaquil dos Centros de Equidad y Justicia, ubicados en el Terminal Terrestre y en la esquina de la calle República de Guayaquil y Malecón Simón Bolívar. Estos brindan servicios de asesoría legal, atención psicológica, procesos terapéuticos y atención social con personal técnico y especializado a las víctimas de la violencia. Según datos del Cabildo, en lo que va de 2024 se han generado 3.389 atenciones.

Así mismo, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, de enero a noviembre del presente año, ha otorgado un total de 746 medidas de protección administrativas a favor de 218 mujeres. Entre ellas:

• 202 prohibiciones de amenazas por parte del presunto agresor
• 160 disposiciones para la instalación de dispositivos de alerta para las víctimas
• 151 boletas de auxilio
• 28 órdenes para que el agresor abandone la vivienda
• 5 prohibiciones de ocultamiento o retención de bienes de la víctima

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