Pugna política: una reconciliación entre Ejecutivo y Legislativo es distante

Acción y reacción. Uno de los últimos episodios que reflejaron las discrepancias la semana anterior fue la no censura del expresidente de la Judicatura Wilman Terán, no se alcanzaron los 92 votos por abstenciones del correísmo. Al día siguiente estaba convocada la canciller Gabriela Sommerfeld a la Comisión de Fiscalización por el juicio político en su contra. No asistió y envió a un equipo de abogados.

Horas después, la Revolución Ciudadana (RC) presentó un segundo pedido de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ya existe uno, solicitado por la misma bancada, y que está pendiente de ser calificado por Fiscalización.

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Sofía Sánchez, aliada de la bancada socialcristiana, resalta que el titular del Legislativo, Henry Kronfle, ya extendió la mano para trabajar con el Gobierno. “Pero si sigue atacando con mentiras, la verdad le toca a la Asamblea reaccionar”, reconoce.

La Función Legislativa ha apoyado al Ejecutivo con la aprobación de leyes, como las reformas de la consulta popular, añade. Ese proyecto se aprobó el 8 de julio y aún no cuenta con el pronunciamiento del mandatario Daniel Noboa.

¿Hasta dónde puede escalar la pugna política?

Juan Manuel Fuertes, analista político y exsubsecretario de Gobernabilidad, recuerda que el antecedente de la muerte cruzada, ocurrida en la administración de Guillermo Lasso, dejó posicionada la posibilidad de que las crisis políticas entre Ejecutivo y Asamblea puedan llegar a situaciones extremas para terminar sus períodos. La pugna actual se radicalizará por temas como los juicios políticos, pero “no va a profundizare hasta el punto de herirse de muerte mutuamente”.

Esto porque la disolución o muerte cruzada es imposible de aplicar por la actual Asamblea o Noboa, pues esta facultad solo puede ser ejercida por una sola vez durante los tres primeros años del mandato, según el artículo 148 de la Constitución. Las actuales autoridades apenas van ocho meses en sus cargos y están próximas las elecciones generales.

El analista político Fabricio Betancourt apunta que esa facultad constitucional es para afrontar una inestabilidad política, que por lo general va ligada a una inestabilidad económica. Actualmente no hay una inestabilidad política, pero sí un Gobierno inestable, evalúa. “Los mayores errores que ha tenido este Gobierno han sido propios, por todas las novatadas que a diario se ven en varios sectores”, critica.

Mientras tanto, añade, los mensajes de acusaciones entre autoridades en redes sociales son “cajas chinas” que no resuelven los problemas de fondo por falta de gestión.

Las reacciones mutuas son para subirse a la ola mediática y es publicidad gratuita, pero los likes de la gente no significa que estén de acuerdo con la gestión, recuerda a las autoridades.

El Consejo de Administración Legislativa calificó el juicio político presentado por el legislador correísta Roberto Cuero en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz.

Perspectivas sobre la pugna

Jaime Guevara, legislador independiente, considera que los dimes y diretes “no le hacen bien a la tranquilidad del país”, sino que todos deberían apuntar a solucionar los problemas de la gente, pero observa que se viene otra etapa de juicios políticos que podría incidir en la relación entre Ejecutivo y Legislativo.

Para Sofía Sánchez, aliada de la bancada del Partido Social Cristiano, la relación con el Ejecutivo no está en buenas condiciones. “Han querido deslegitimar el trabajo de la Asamblea”. Cree que “debería haber un marco de respeto entre los dos poderes del Estado”.

“La relación con el Ejecutivo se dificulta más cuando se dan procesos de persecución a quienes cumplimos la labor de fiscalización, por ejemplo a Alexandra Arce”, dijo Blasco Luna, del correísmo. Arce es señalada por presunto peculado.

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