Una reforma apuesta por la salud mental

Han pasado once años desde que la Organización Mundial de la Salud recomendó al país implementar una Ley de Salud Mental, con el fin de reducir cifras que ya en aquel entonces eran preocupantes. El documento establecía que, en Ecuador, un 10 % de la población en edad productiva padecía trastornos depresivos y de ansiedad y que el suicido era la segunda causa de muerte adolescente en el país, y la tercera de muerte de jóvenes.

Desde el 2008 hasta el día de hoy, las cifras no han variado y otras, como el índice de suicidio en adolescentes, ha aumentado. Los motivos para ello, según aquel informe, también se mantienen: “Baja asignación presupuestaria, falta de legislación específica para el tratamiento, falta de programas permanentes de promoción de la salud mental e inadecuada difusión sobre trastornos o su prevención”.

Un primer intento por paliar la situación se hizo en 2014 con la creación del Plan Estratégico Nacional de Salud Mental. Este hacía un énfasis en el acceso al tratamiento para los trastornos psicológicos y psiquiátricos, a la prevención y la reinserción social. Sin embargo, ante la alta demanda por estos servicios, la estrategia resultó ineficiente.

Ahora, con el fin de ofrecer un marco legal para ampliar la cobertura que se ofrece a nivel nacional, y mejorar el acceso al tratamiento y los programas de prevención, se presentó una nueva iniciativa, el ‘proyecto de Ley de Salud Mental’.

“Daremos un primer paso para erradicar la estigmatización de las enfermedades mentales y garantizaremos que exista atención inmediata y humanizada en el sistema de salud público y privado”, explicó el asambleísta Vicente Taiano (PSC).

Entre la propuesta que impulsa el proyecto de ley están las siguientes medidas: garantizar los beneficios de ley a quienes padecen un trastorno mental causante de una discapacidad, reconocer el suicidio como un problema de salud pública, que exista cobertura para enfermedades mentales en los seguros de salud privados, que todos los centros de salud públicos cuenten con al menos un profesional de salud mental, y que se incluyan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos las medicinas para tratar distintos trastornos.

Para los profesionales, el proyecto ayudará a saldar una antigua deuda que tiene el estado con la salud mental.

“No hay suficientes profesionales, y el estigma está muy arraigado”, explica el catedrático Nelson Moreno. “Además de mejorar el servicio, es importante que la prevención y las campañas de concienciación se hagan de manera conjunta con los gobiernos locales. Mucha gente ni siquiera sabe dónde puede buscar ayuda y en muchos casos reciben medicación innecesaria”.

La experta en Psicología y Psicopatología Jennifer Ayala agrega que involucrar al sistema de salud privado es una parte importante de este proyecto. “Por lo general, los seguros no cubren trastornos que no son de base orgánica. Eso reduce mucho el nivel de la cobertura que ofrecen. Masificar este servicio, y que esté enmarcado en la ley, permitirá a muchas personas tratarse adecuadamente. Por los altos costos, la gente no acude o no termina el tratamiento”.

Un mes de espera por consulta

En 2014, cuando se implementó el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental, se contrató a 200 profesionales al personal con el que ya contaba el IESS. Pese a ello, la oferta es insuficiente y, en promedio la espera por una consulta psicológica toma entre tres semanas y un mes. En el país, 46 casas de salud pública cuentan con psicólogos y psiquiatras. Existen solo cuatro centros especializados en esta rama, ubicados en Esmeraldas, Guayaquil, Cuenca y Quito.