Las reformas de la consulta popular, en la balanza entre lo político y técnico
Expertos ven que al Ejecutivo le faltó respaldo técnico en los proyectos de la consulta, algo que la Asamblea debería incluir
Está en marcha el plazo para que la Asamblea Nacional tramite el paquete de reformas sobre la consulta popular que envió el presidente Daniel Noboa. El plazo corre desde que el mandatario remitió los proyectos de reformas, el 13 de mayo. Son cuatro reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y una a la Ley de Extinción de Dominio.
Las bancadas legislativas aún no definen qué vía tomarán para tramitar tales proyectos. La mayoría, incluido el propio presidente Henry Kronfle, apoya la idea de que se conforme una comisión especializada ocasional multipartidista para ese objetivo. Pero Construye rechaza esa idea.
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Gonzalo Armas, experto legislativo, explicó que los proyectos de Noboa no están exentos de seguir el procedimiento legislativo ordinario. Respecto al marco en el que pueden actuar los asambleístas durante el tratamiento de los proyectos, Armas dijo que la función técnica del legislador es hacer adecuaciones en el texto por si hay inconsistencias. Citó el numeral 2 del artículo 26 de la Ley de la Función Legislativa: las comisiones permanentes podrán, además, reformarlos, ampliarlos, simplificarlos o cambiar la categoría de las leyes, conforme el análisis realizado.
Sobre la pregunta G (incremento de penas en 10 delitos), Noboa plantea 12 artículos. Por ejemplo, el terrorismo tiene actualmente una pena de 10 a 13 años, pero con la reforma se incrementa de 19 a 22 años.
“La clave es la dosimetría penal”, dijo, refiriéndose a la proporcionalidad entre el delito y el tiempo de castigo. En el proyecto no hay criterios de dosimetría ni justificación técnica para el aumento de delitos, salvo el tema de alarma social, según el experto.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo plantea que la imposición de sanciones legales persuada a un sujeto de no cometer delitos, por miedo al castigo. Es decir, que tengan un efecto disuasivo. En el trámite los legisladores podrían apoyar o plantear subir más las penas, como una acción política, estimó Armas.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, coincidió en que el punto crítico será la dosimetría penal, porque en las reformas no se evidencia un estudio criminológico que garantice un funcionalismo. Considera relevante que en el debate se llame a expertos para determinar en qué forma sería correcto aumentar las penas.
Para la Ley de Extinción de Dominio se plantean ocho artículos. Se propone que no se necesite la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio.
También se amplía que la actividad ilícita comprenderá las omisiones, no solo las acciones, principalmente en 14 delitos como delincuencia organizada, resalta Ocaña. Armas cree que esto será otro punto crítico en la Asamblea.
La vicepresidenta del Colegio, Annabella Guerrero, dijo que lo que se apruebe en esta ley no tiene efecto retroactivo, pero que se pueden levantar investigaciones sobre bienes ilícitos en casos de exfuncionarios que son investigados, como Pablo Muentes.
Alfredo Espinosa, analista político, manifestó que si los legisladores ponen trabas para cumplir con la ejecución de los resultados de la consulta, eso sería obstruir la voluntad de los ciudadanos, que esperan resultados, sobre todo ante la inseguridad.
PLAZO PARA TRAMITAR LAS REFORMAS
La Asamblea, legalmente, tenía 60 días para tramitar las reformas. El Ejecutivo envió el paquete de cambios el 13 de mayo, así que le quedan 58 días al 15 de mayo.
LO QUE DICEN LOS EXPERTOS
"Noboa envió reformas para el incremento de penas, pero no hay un estudio criminológico donde se indique que el aumento de la dosimetría penal va a bajar la delincuencia", Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
"Los proyectos de reformas más la preparación táctica y cooperación en seguridad servirán para ver si la ecuación más impuestos igual a más seguridad rinde o no efectos", Alfredo Espinosa, analista político.
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