Reformas penales pasarán al Pleno sin una dosimetría, se allanan al texto de Noboa

La Asamblea Nacional tiene a complacer al presidente Daniel Noboa. La comisión multipartidista que trata el proyecto de reformas de la consulta popular y referéndum, sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de Extinción de Dominio, aprobó el 3 de julio de 2024 el informe con un solo cambio. Que la minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años, salvo que se demuestre que la actividad artesanal minera es lícita. El resto del informe se mantiene sin cambios.

Lucía Posso, vicepresidenta de la mesa legislativa, ya había anticipado que no habrían cambios y que las reformas sobre el incremento de penas quedaría “tal cual lo planteó el presidente de la República y tal cual pasó el debate en el Pleno de la Asamblea”.

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Además, se simplifica el procedimiento en la fase preliminar de indagación de bienes para la extinción de dominio, a máximo 30 días. No se necesitará una sentencia ejecutoriada para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio.

¿Qué pedían las bancadas?

Las bancadas pedían cambios para que se respete la dosimetría penal, es decir la proporción entre pena y delito. Paúl Buestán, de Construye, dijo que el endurecimiento de penas debe ser coherente con las actitudes ilícitas y no caer en un populismo penal.

Si no se toma en cuenta esto, se tendrá que aprobar el proyecto, señaló, al mencionar que se puede hacer un análisis posterior donde se podría identificar una inconstitucionalidad o incluso presentar un proyecto de reforma para subsanar el proyecto actual, de aprobarse en el Pleno.

Blasco Luna, del correísmo, esperaba que la comisión haga ajustes. De lo contrario, “habría que apoyar porque estaríamos yendo en contra de una disposición en la que se pronunció el pueblo ecuatoriano”, agregó. Si hay alguna ilegalidad, vendrán después procesos de inconstitucionalidad, señaló.

Maximiliano Donoso Muller, analista político, evaluó que al tratarse de un proyecto con incrementos de penas ya definidos en los anexos de las preguntas de la consulta, no correspondía que los legisladores suban o bajen esas penas porque podría generar un veto total del mandatario Daniel Noboa.

“Se le iba a complicar a la Asamblea”. Si en la comisión alguien trató de “hacerse el vivo para montar un escándalo comunicacional, se equivocó. No cabía ningún muñequeo político”, acotó.

Las observaciones sobre la dosimetría penal deben ser colocadas como recomendaciones en el proyecto para que el Ejecutivo las revise y genere el cambio en el texto, no la Asamblea, resumió.

Para el analista político Alfredo Espinosa, los legisladores no deben solo cumplir por cumplir si no están en capacidad de ejercer su función. “No se trata de que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley como menú a la carta para que los asambleístas lo aprueben tal y como viene, con absoluto beneplácito”.

El legislador no tiene que desnaturalizar el resultado de la consulta popular, pero debe dotar de elementos necesarios para que los cuerpos legales sean aplicables y no se conviertan en letra muerta, indicó, al señalar que muchos votantes no comprendieron el motivo de las preguntas. Por eso cuestiona que los legisladores endosen la responsabilidad a los votantes.

Estimó que en adelante no habrá conflictividad sobre este proyecto, no ve que sea un tema prioritario para los intereses político electorales de las bancadas. Sin mayores cambios en el proyecto, Noboa no lo vetará, estimó.

¿Cuántos artículos tiene el proyecto?

Tiene 24 artículos y en sus reformas se aumentan las penas de 12 delitos, como sicariato, asesinato, la actividad ilícita de recursos mineros, entre otros.

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