La remoción del alcalde de Riobamba está en manos del Tribunal Contencioso Electoral

Tras una acalorada y accidentada sesión de Concejo Cantonal, convocada por la vicealcaldesa Maritza Díaz la noche del domingo 19 de enero, mientras el país seguía el debate presidencial, se declaró la remoción del alcalde de Riobamba, John Vinueza, con siete votos a favor y cuatro en contra.

El conflicto se remonta al viernes 10 de enero, cuando, durante una sesión previa, el secretario del Concejo, Edison Rosero, fue señalado por los ediles de atribuirse funciones al interpretar los resultados de la votación como seis votos a favor, cuatro en contra y uno —el de la vicealcaldesa— que no contaba.

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Este episodio generó una denuncia contra Rosero por presunto fraude procesal. Por su parte, Vinueza acusó a los concejales que impulsaron su destitución de "golpistas," alegando que actuaban en función de intereses partidistas y no de la ciudad.

Los concejales se ausentaron de la siguiente sesión del Concejo, dejando sin quórum para avanzar con los temas planteados. Ante esto, Vinueza los calificó de "vagos" y les exigió justificar el sueldo que reciben de la ciudad.

En la siguiente sesión, fue principalizado el alterno de Nancy Santillán, quien votó a favor de la administración en la aprobación de la ordenanza que cambia el giro de negocio de la EP-Empapar, uno de los puntos donde empezaron las fragmentaciones desde el año pasado.

Maritza Díaz convocó a la reanudación del Concejo, y horas antes, el alcalde realizó dos convocatorias para sesiones extraordinarias.

Entre fuertes discusiones, la sesión se instaló con presencia de ciudadanos tanto a favor de la remoción como de apoyo al burgomaestre.

La entrega en donación de un terreno para la construcción del Centro Forense San Pedro, inaugurado en diciembre del 2024, dio paso a los pedidos de remoción en contra de Vinueza.

Acusaciones de ilegalidad

Entre acusaciones de ilegalidad y gritos contra los concejales, principalmente contra el presidente de la Comisión de Mesa que emitió el informe favorable para la remoción, se instaló la sesión presidida por la vicealcaldesa.

Luego de constatar el quórum, fue Carlos Aúlla quien emitió una moción para que el secretario sea cesado únicamente por esta ocasión. “Al haber una investigación de Fiscalía, mociono se sustituya al secretario abogado Edison Rosero y se posesione como secretario ad-hoc al abogado César Padilla”.

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Esto molestó a varios concejales, quienes en la votación, en tono agresivo, se dirigieron a la vicealcaldesa y a sus compañeros como “ignorantes legales”.

Una vez sustituido el secretario, se dio un receso de minutos y, a continuación, el secretario y los cinco concejales abandonaron la sala, incluidos los servidores que manejan el equipo tecnológico.

El secretario ad-hoc volvió a constatar el quórum y, con seis concejales presentes, leyó la votación realizada en la sesión anterior. El conteo de los resultados se basó en la forma de votación realizada el viernes 10 de enero de 2025, prescrita en la ordenanza 014 de 2023 de funcionamiento de Concejo, esto es, votos afirmativos, negativos y en blanco, con nombres y apellidos de cada uno de los concejales que consignaron su voto. “...7 votos a favor y cuatro en contra, por lo que la remoción del alcalde procede”, dijo.

Entre gritos e insultos, los concejales dejaron el Salón José María Román. Minutos después, John Vinueza apareció vestido con el poncho característico del pueblo Puruhá y con un bastón de mando y un acial, acompañado de los cinco concejales y de los presidentes de los GADs de las parroquias rurales.

“Yo sigo trabajando, aquí estoy respaldado por la gente humilde, no por esos grupos elitistas que responden a un partido político. Confío en que el Tribunal Contencioso revisará todos los errores y las ilegalidades en que han incurrido estos”, acotó.

“Llamaré a seis sesiones, todos los días, y aprobaremos. ¡Ahora somos mayoría! Mañana se aprueba el Concejo de las parroquias rurales”, advirtió, una vez que el alterno de Santillán, que en anteriores ocasiones votó con el grupo de la oposición, esta vez su voto se consignó con el de los afines al alcalde.

Mientras tanto, la división es evidente. El expediente fue remitido con toda la documentación al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para su revisión y posterior ratificación o negativa con los parámetros legales que establece el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad).

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