Un trasfondo político salpica a las reformas al Código Penal

El informe para segundo debate sobre el proyecto reformatorio al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se debatirá hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, que sesionará desde las 10:00. El documento tiene 86 artículos, en los que se modifican 24 tipos penales, además se tipifican nuevos delitos: propagación de enfermedades infectocontagiosas y el feminicidio.

Pero hay algunos cambios al COIP que no convencen del todo. Iván González, secretario del movimiento Construye, anticipó que la bancada votará en contra si no se excluye el numeral 5 del artículo 79. Se trata de considerar a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador cuando identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso. “Estamos haciendo una revisión minuciosa de las reformas al COIP porque parece tener una dedicatoria a aquellos que han sido sentenciados por casos de corrupción y que quisieran que esas sentencias sean revisadas por un simple informe de algún organismo internacional”, refirió.

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Roberto Cerda, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), indicó que su bancada está de acuerdo con esa reforma porque existen excepcionalidades y cree que será aprobada en el Pleno. Dijo que un nudo crítico es el artículo 71. Se refiere a excluir de la reserva de investigaciones a los organismos de control jurídico, administrativo o político como la Asamblea cuando soliciten información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa en la Fiscalía.

EXPRESO solicitó a varios miembros de la Comisión de Justicia una explicación sobre el proyecto y la introducción de estas líneas rojas en el texto. Algunos respondieron y otros guardaron silencio.

El analista político Juan Manuel Fuertes evaluó que las reformas al COIP demuestran que no hay una intención auténtica de provocar cambios normativos para mejorar el ordenamiento jurídico como un instrumento de conveniencia social sino que se está tratando de aprovechar la coyuntura para deslizar intencionalidades políticas y que eso implicaría “una metida de mano en la justicia a través de terceros”. Añadió que al levantar el sigilo se estaría sentando las bases para sabotear una investigación y se impulsaría la impunidad de actores políticos involucrados en delitos. Cree que los legisladores buscan curarse en sano frente a investigaciones actuales y futuras de la Fiscalía.

Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, dijo que el proyecto es positivo porque está tratando de responder a las circunstancias de inseguridad que hay en el país y destacó el endurecimiento de penas y la eliminación de beneficios penitenciarios, entre otros. Pero advirtió que la votación en el Pleno definirá si se legisla para las grandes mayorías y para solucionar los problemas que tiene el país o se legisla para favorecer determinadas agendas partidistas locales.

Fernando Cedeño

• Cedeño no respondió a la consulta de este Diario, pero la asesora del legislador de la Revolución Ciudadana (RC) dijo que todo el proyecto fue consensuado por lo que el informe se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia.

Fernando Jaramillo

• Pedirá votar por separado el artículo 79. Dice que su postura se inclina a la del movimiento Gente Buena de Fernando Villavicencio (+) y que la reforma al recurso de revisión es “ una reforma a la carta para favorecer al correísmo, de todos los delitos que han sido sentenciados”, como en el caso Sobornos.

Roberto Cerda

• Para el legislador del PSC solo hay un nudo crítico, por lo demás no cree que haya problemas para que el Pleno apoye todas las reformas al COIP porque van en relación a la seguridad y la estabilidad que el Gobierno necesita.

Fiscalía

• Rechaza el proyecto porque desnaturalizará el sistema de justicia penal y provocará impunidad en causas que tienen sentencia ejecutoriada.

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